Los empresarios ponen deberes a las instituciones para impulsar Álava

Se trata de una gran evaluación de la economía local con una propuesta de objetivos a más de veinticinco años para dar con un modelo que «refuerce el desarrollo y la competitividad» del territorio alavés. Detrás hay meses de trabajo por sectores (automoción, aeronáutica, ferroviario, logística, construcción, comercio, servicios...), liderados por algunos de los principales empresarios de la provincia como el ex director general de Mercedes, Emilio Titos, que ha pilotado la iniciativa, Josu Sánchez (Lagunketa Construcción), Fernando Salamero (Marqués de Riscal) o José Barreira (hoteles Ruta de Europa y Gran Lakua).

Firmas líderes del territorio como Mercedes, Michelin, Aernnova, Amurrio Ferrocarril y Equipos, Tubacex, Vidrala, DHLo UPS han jugado un papel importante para definir «el nuevo modelo de Álava» que persigue el proyecto.

Como en todo diagnóstico, el informe analiza síntomas. Y el punto de partida es la nueva situación global. El impacto de la pandemia, las tensiones geopolíticas por la invasión rusa de Ucrania y las disputas entre EEUU y China han acelerado la transformación, disparado la incertidumbre y generado importantes daños comerciales.

El más evidente, los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Resultado: paradas intermitentes o jornadas en blanco en las empresas y recortes en la producción. En Álava se vieron afectados 8.000 empleos directos sólo en dos empresas: Mercedes, que recortó 17.000 furgonetas su objetivo; Michelin, más de 1,7 millones de neumáticos a la baja. Y saliéndonos del universo de la automoción, otro dato negativo a valorar: las exportaciones de Rioja Alavesa se retrajeron un 17%. No es de extrañar, por tanto, que el último estudio de Perspectivas Empresariales de la propia Cámara reconociese que la confianza de las empresas alavesas se ha desplomado a niveles de 2013.

En ese contexto endemoniado, el documento apela a una estrategia que aglutine a empresas, colectivos sociales e instituciones. El foco está puesto en estas últimas, con un listado de deberes reflejado con un lenguaje conciliador. En realidad, desde hace tiempo se ha extendido una sensación de desasosiego entre los empresarios locales. Interpretan que, sobre todo el Ayuntamiento, adolece de una «visión a largo plazo». La atomización política, los gobiernos en minoría y el discreto perfil industrial del alcalde Gorka Urtaran, más 'green' que fabril, han enfriado una relación de altibajos entre la clase empresarial y los responsables municipales.

La aprobación inicial del nuevo Plan General –que no prevé más suelo público en Júndiz, por ejemplo– ha provocado un nuevo choque de trenes entre la patronal SEA y la Cámara con el Ejecutivo PNV-PSE. La relación ha sido más fluida con el diputado general, Ramiro González, que ha defendido en todo momento y con más vehemencia que el alcalde el futuro industrial de Álava. «Ha sido más sensible» a las demandas empresariales, reconocen fuentes consultadas por este periódico, «aunque luego cueste concretarlas».

Una de las propuestas principales del documento, que hasta la fecha no había trascendido aunque lleva escrito desde hace meses, es «impulsar la inversión estratégica en infraestructuras que refuerce la visión a largo plazo». Y el futuro PGOU –que perviviría durante gran parte de la vigencia de este 'nuevo modelo de Álava'–, parece que no tendría puestas las luces largas. «El éxito del territorio como centro de atracción de inversiones se ha basado en la existencia de una iniciativa pública que ha generado una oferta de suelo previo a la existencia de una demanda concreta», se afeaba esta misma semana al Consistorio desde la Cámara de Comercio.

Siguiendo esta misma línea argumental, en la hoja de ruta para 2050 se emplaza a mejorar la infraestructura logística e industrial y se hace referencia explícita al desarrollo de Foronda «como complemento al puerto de Bilbao», pero sin mención expresa al polígono aeronáutico VIAP, en vía muerta desde hace más de una década por una evidente dejadez de las instituciones implicadas.

En la visión «a largo plazo» que se pide para todos los implicados, las empresas hacen un llamamiento a que las iniciativas tanto públicas como privadas respondan a criterios empíricos. Plantean que las decisiones se tomen en base a datos objetivos, que guíen todas las acciones estratégicas «tanto empresariales como de la Administración».

El listado de deberes no acaba ahí. El documento reclama un marco normativo estable. Esto es, reglas claras y fiables que garanticen la seguridad jurídica de los negocios. Y ya de paso, una simplificación de «todos los procesos administrativos» (ponen como ejemplo, herramientas como la ventanilla única) para «ofrecer un servicio más sencillo, amigable y eficiente».

No olvidemos que ya en 2021, otro informe interno de la Cámara llegaba a calificar de «elemento disuasorio adicional» para las empresas, la relación con los departamentos técnicos del Ayuntamiento. Una falla en el sistema que viene de lejos y a la que «nadie (políticos de distinto signo) le pone remedio», se apostilla a este periódico.

El apoyo al crecimiento económico de las empresas –también al «bienestar de las personas con un marco fiscal simple y estable»– y fortalecer «todo el ecosistema de innovación y la transferencia tecnológica» son otras propuestas que se ponen encima de la mesa. Genéricas. Sobre todo si se colocan junto a la siguiente apreciación: existen «visiones parciales de los agentes que dificultan la colaboración y aumentan la tensión en las relaciones laborables». Un disparo a la línea de flotación de los sindicatos.

El informe de retos y oportunidades urge además a definir estrategias para retener el talento local, atraer el de fuera, promover el reconocimiento del emprendedor y fomentar la cultura del esfuerzo, el compromiso y el trabajo.