Los dueños de Uleta estudian recurrir la sentencia «incorrecta» que veta 300 chalés

En concreto, el auto rechaza el recurso presentado por los dueños de los terrenos contra la suspensión de licencias aprobada por la administración municipal, lo que en la práctica supone que se les prohíbe meter las excavadoras en esa zona, una de las más cotizadas de la capital alavesa. El Consistorio efectuó ese movimiento con el fin de enterrar el plan para construir esas 294 viviendas de 'alto standing'. Un paso que se produjo en el marco de la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que definirá la expansión de la ciudad y que recibirá su aprobación definitiva el año que viene. Un proyecto que precisamente prohibirá edificar en el sector 17.

Consultado por este periódico, el letrado que asesora a los promotores discrepa de la sentencia del TSJPV y ve «motivos» para recurrirla. Los propietarios celebrarán una reunión mañana en la que tomarán una decisión al respecto. No será algo baladí, ya que la instancia a la que deberán acudir es el Tribunal Supremo. En concreto cuentan con un plazo de 30 días para interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal.

Y es que esta última sentencia que rechaza las pretensiones de los promotores de los terrenos de Uleta    «cojea» y «no es correcta», a juicio de su representante legal, el catedrático en Derecho Juan Ramón Fernández. Según el dictamen, el Tribunal Superior entiende que la actuación del Consistorio es correcta, «pero se le olvida comprobar que se cumplen todos los requisitos» para esa suspensión de licencias. Y «en este caso no se cumplen», sostiene. ¿Por qué? El letrado alude a la Ley del suelo del País Vasco, que establece las condiciones en las que un Ayuntamiento puede acordar suspender el otorgamiento de licencias o permisos urbanísticos. Pero en este caso, argumenta, los propietarios ya cuentan con un proyecto de urbanización aprobado en 2009. Y el Consistorio «no puede desdecirse de un acto que ha consentido». La administración no puede, a su juicio, imponer la suspensión de licencias a «un acto que ya se ha producido en el pasado». El Ayuntamiento, ahonda el catedrático, aprobó suspender licencias, pero «exceptuó algún sector y debió exceptuar también el sector 17».

El fallo dice que «no es que propiamente se haya acordado anulación alguna de de ese proyecto de urbanización en su momento aprobado, sino que transitoriamente queda privado de eficacia, sujeto a la decisión definitiva de aprobación del PGOU».

Mientras tanto, por parte del Consistorio, el Gabinete Etxebarria declinó ayer hacer declaraciones sobre esta última sentencia que en cierto modo allana el camino para la aprobación del nuevo Plan General. Fuentes municipales consultadas por este periódico sí apuntaron la pasada semana que el fallo resulta relevante. Incluso consideran que podría sentar un precedente de cara a otros procesos que están pendientes de resolverse en los juzgados.

Tras conocerse esta última sentencia y a la vista del cariz que adquiere el conflicto, «hay que intentar llegar a un acuerdo», aboga a preguntas de este diario Carlos Fernández de Nograro, de SEA-UNECA (la patronal alavesa de la construcción). A su juicio, si se desclasifica el sector 17 «va a haber un problema», ya que los propietarios «pedirán indemnizaciones», que saldrían de las arcas municipales. El constructor apuesta por «redensificar» los terrenos y que se permita construir todo tipo de viviendas (VPO, tasada, libre). «Quitarle ese carácter elitista».

Cabe recordar que este último pleito enmarcado en la 'guerra' abierta entre los promotores y el Ayuntamiento por el sector 17, uno de los embrollos urbanísticos más polémicos de la ciudad, no es, ni mucho menos, el único. Se trata de un conflicto que ha derivado en al menos 6 procesos judiciales. En dos de ellos, los magistrados han dado la razón al Consistorio.

A esta última sentencia del TSJPV se suma una anterior. En ese caso, el Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria respaldó que la institución paralizara en 2022 los trabajos para construir después 294 chalés. La jueza consideraba que la decisión «únicamente pretende obtener una indemnización».

Por su lado, el Consistorio recibió el año pasado una condena del Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria por paralizar desde 2010 la división de los terrenos en parcelas.