Doce pueblos de Álava pretenden cobrar por las antenas en sus montes

Antena de Arraño, Llodio. /José Montes
Antena de Arraño, Llodio. / José Montes

Quieren seguir el ejemplo de Aríñez, que recibe 1.749 euros al mes de la empresa pública Itelazpi y obligó a la creación de una norma foral

Ander Carazo
ANDER CARAZO

La Junta Administrativa de Aríñez, en Vitoria, marcó el camino. En 2011 reclamó a la empresa pública Itelazpi cobrar un canon por la superficie ocupada en el monte Zaldiaran, propiedad del concejo, para colocar en la década de los sesenta -sin autorización previa- la antena más alta de Álava. Un revés judicial a favor de Contrasta, perteneciente al municipio de Valle de Arana y que buscaba la misma recompensa, aceleró la publicación de una orden foral para regularizar esta situación por parte del Departamento foral de Agricultura. En el caso de Aríñez, esa cantidad supone 1.748,57 euros por mes.

Siguiendo su ejemplo, doce pueblos del territorio buscan que Itelazpi, cuyo único accionista es el Gobierno vasco, les pague una renta por el terreno que están ocupando de manera gratuita. Los dueños de seis de esos puntos -Ioar, en Santa Cruz de Campezo; Onraita, en Maeztu; Txibiarte, en Amurrio; Raso, en Valdegovía; Zuazo de Kuartango, y Abecia, en Urkabustaiz- se encuentran en una fase avanzada de este complicado proceso administrativo tras la presentación de los informes técnicos y económicos. «No se crean que esto es ir a una ventanilla y recibir el dinero», afirmó Eduardo Aguinaco, diputado competente en la materia, en Juntas Generales.

En total hay 28 concejos en Álava que tienen colocada una antena en suelo público y que no reciben una compensación a cambio. «Sus vecinos tienen que beneficiarse con un pago justo», recalcó el juntero del PP Eloy López de Foronda.

Según los datos aportados desde la tribuna por el representante conservador, la empresa del Ejecutivo autonómico recauda 2,56 millones de euros al año por el servicio que prestan las estructuras de telecomunicaciones instaladas en suelo público. A cambio pagan a sus dueños tan sólo 29.374 euros. Unas cifras que Eduardo Aguinaco ni negó ni corrigió.

«Paciencia»

El diputado consideró que en los trámites de regularización se puede aprovechar la ocasión para realizar reformas en estas instalaciones y sus alrededores. En todo caso rogó «paciencia» porque no se puede fijar ese canon de «manera arbitraria», los datos deben contrastarse con Itelazpi y hay que realizar un análisis pormenorizado de las características del terreno. Una complejidad que, sin lugar a dudas, provocará que este asunto quede pendiente para la próxima legislatura.

En cualquier caso tardará menos que en el pionero municipio de Aríñez, que inició las reclamaciones en 2011 y tuvo que esperar seis años para conseguir sus objetivos. El Gobierno vasco, a través de la empresa dueña de las antenas, se negaba a dar un euro y hubo que esperar a un tirón de orejas judicial para dar un vuelco a la situación.