Los diez conflictos urbanísticos que Vitoria debe resolver

El parón al Plan General deja en el aire proyectos como el uso del espacio liberado por el tren, la Ronda Sur y la ampliación de Mercedes. Justo cuando Vitoria empezaba a despejar por fin su futuro urbanístico, la posible construcción de una ronda sur ha dejado en jaque el acuerdo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que marca las reglas del juego de la ciudad. El encargo de un estudio de alternativas por parte de Gorka Urtaran para resolver el embudo de Iturritxu sin descartar una nueva carretera ha puesto en guardia a Elkarrekin Podemos, que ha dado por «suspendido» el pacto con el equipo de gobierno (PNV-PSE), y ha desplegado de nuevo el tablero político con el resto de los grupos (EH Bildu y PP). Puede que las consecuencias del último desencuentro no se perciban en la actividad diaria de la ciudad, pero son de gran calado porque dejan en el aire al menos diez cuestiones estratégicas para el futuro de la capital alavesa.

El pulso entre los propietarios de Uleta y el Ayuntamiento a cuenta de los 294 chalés proyectados entre Armentia y Lasarte ha alcanzado ahora su punto más crítico y ya está en los juzgados. Poco después de que el Gabinete Urtaran anunciara su intención de convertir esos suelos en rústicos el pasado verano, se inició una carrera contra el reloj. Los promotores reactivaron el proyecto, llegaron a iniciar las obras de la fallida Ronda Sur durante unas horas y acaban de sacar a contratación toda la obra, incluidas las viviendas. El Ayuntamiento, mientras tanto, asegura que ese procedimiento es «ilegal» y aguarda el resultado de un informe que debe resolver los «derechos» urbanísticos que pudieran tener los propietarios, también posibles indemnizaciones. Esa es la carta que aguarda el alcalde para trasladar su «propuesta» a los dueños de los suelos.

Pero el frenazo al Plan General da tiempo a los promotores y obliga al Ayuntamiento a buscar un acuerdo con los propietarios o resolverlo en los juzgados si quiere mantener su veto a construir viviendas de lujo en ese sector. El inicio del desencuentro se remonta a hace más de una década, cuando se diseñó el plan urbanístico, aunque quedó paralizado en 2009 por la crisis económica y su afección ambiental.

Los avances que se habían producido en la revisión del Plan General durante los dos últimos años pararon en seco y están a punto de saltar por los aires por la posible construcción de una carretera en la zona Sur. Se trata de una de las principales opciones para descongestionar el tráfico de Iturritxu, donde circulan a diario 12.500 vehículos con picos de 13.500 en horas punta. Fue el detonante definitivo del acuerdo urbanístico. Hasta ahora, la única circunvalación proyectada en el Sur dejó el vestigio de los túneles de Armentia, que acaban en un muro de roca. El trazado original, marcado en el mapa hasta su corte en los túneles, atravesaba Olárizu, pero tiene un alto coste medioambiental que el estudio de alternativas deberá resolver. Además, la construcción de la ronda dejaría los terrenos de Uleta en el interior de la trama urbana, lo que podría favorecer su desarrollo en el futuro.

La revisión del Plan General plantea reubicar las empresas de la calle Campo de los Palacios a otros polígonos industriales, como Júndiz, con el objetivo de «recuperar para la ciudad» un entorno privilegiado y muy demandado en el mercado inmobiliario por su cercanía al Anillo Verde de Olárizu. Los terrenos donde se encuentra la empresa URSSA, ya en liquidación, pasarían a considerarse residenciales o de equipamiento. De hecho, los propietarios de la empresa, que en aquel momento estaba en concurso de acreedores, propusieron un proyecto de 500 viviendas, que todavía no tiene el visto bueno del Ayuntamiento pero podría llevarse a cabo con la norma urbanística que estaba sobre la mesa. Sin el acuerdo, los terrenos, considerados «obsoletos y contaminados», seguirán con catalogación industrial. En este entorno también se plantean alrededor de 350 pisos en los bloques derribados de la Avenida de Olárizu.

La gran obra que está llamada a transformar Vitoria para el próximo siglo tiene su reverso urbanístico. El Ayuntamiento deberá decidir qué tipo de actividades permitirá en el enorme espacio liberado por la actual traza del ferrocarril. La propuesta más promulgada pasa por favorecer usos comerciales y equipamientos y más de 1.300 viviendas. El objetivo es perseguir unas importantes plusvalías para pagar la parte proporcional del Ayuntamiento en el faraónico proyecto de integración del TAV, cuya última estimación superaba los 700 millones de euros en total.

El último documento del Plan General aprobado no concreta esta actuación, pero sí recoge que «priorizará la mixtura urbana de usos». El soterramiento, además, tendrá un enorme impacto en la movilidad del centro, ya que permitiría la peatonalización de las calles Florida y Manuel Iradier, tal y como apunta el Plan de Movilidad.

La hoja de ruta urbanística del Ayuntamiento contempla la construcción de 3.186 pisos en los suelos que rodean los bloques de Errekaleor. Es decir, una de las 'fronteras' al Anillo Verde por el Este. La revisión planteaba mantener el número de viviendas, pero con una reorganización para frenar la expansión de la ciudad y 'acercarlas' hacia la trama urbana. De esta forma, las calles y los edificios reducirían su 'huella' sobre el plano «para refuerzo del Anillo Verde». No obstante, el Ayuntamiento mantendría el número de pisos previstos, como sucede en la mayoría de las zonas revisadas.

La ampliación de Mercedes quedaría en 'stand by' si se aprobara el Plan General en elaboración. El documento contempla el crecimiento de la principal industria alavesa, pero deja pendiente un largo proceso administrativo. La norma considera urbanizable un espacio de algo más de 14 hectáreas al sur de la fábrica. Eso sí, su clasificación (suelo no sectorizado) impide la expansión inmediata y necesitaría un proyecto que requeriría varios años. Ese paso, no obstante, se podría suprimir si la ampliación se permitiera desde la propia norma.

El avance del PGOU reconoce la «imposibilidad de ocupar nuevos suelos vacantes», y por eso apunta a la posibilidad de crecer hacia el bosque. En cualquier caso, advierte de que podría «desecharse por sus posibles impactos» y su huella en las zonas verdes. El último documento aprobado indica que «se estudiarán las necesidades de ampliación de la factoría que se compatibilizará con la preservación del Anillo Verde».

Los terrenos que se encuentran junto a la posible ampliación de Mercedes permiten un total de 1.242 viviendas tasadas repartidas en cinco bloques junto al Anillo Verde. La inmensa mayoría de los terrenos es de propiedad municipal, y el Ayuntamiento plantea hacerse con la totalidad de los suelos para «revisar su ordenación». Es decir, modificar los puntos en los que irían las viviendas. La propuesta inicial, en este sentido, planteaba trasladar los pisos a «otros suelos de propiedad municipal». También se analizarían los equipamientos, que cuentan con un amplio espacio en este área.

El proyecto del polígono industrial del aeropuerto de Foronda se quedaría en una situación similar a la ampliación de Mercedes. El Plan General desclasifica casi el 90% del suelo y mantiene los terrenos donde se desarrollaría el VIAP (Vitoria Industrial Air Park), cuyo espacio total supera las 90 hectáreas. Las zonas marcadas en rojo en el mapa son las que podrían urbanizarse. Eso sí, su construcción también dependería de un nuevo trámite administrativo para sectorizar los terrenos, un paso clave para su desarrollo. Además, el proyecto debe resolver sus problemas de inundabilidad con el dique de Zaia. Pese al visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Ebro, será URA quien acometa la obra, mientras que la Diputación debe mejorar la A-3302 a la altura de Estarrona y construir un nuevo puente.

La inminente apertura de una gasolinera en Adurza despertó el rechazo vecinal en Iturritxu y algunos grupos de la oposición, que trataron de tumbarlo. La respuesta del Gabinete Urtaran fue que no podía denegar una licencia que el Plan General permitía, y que estas actividades debían regularse desde la revisión completa de la norma en toda la ciudad. El objetivo sería evitar nuevos debates sobre su ubicación.

El Ayuntamiento decretó la suspensión de nuevas licencias urbanísticas para lograr un «paréntesis» que le permitiera trabajar «sin presiones» en el nuevo Plan General. Sin embargo, el movimiento obligaba a sacar adelante en dos años el nuevo documento. El último revés dificulta aún más que los plazos se cumplan.

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