Destapan una red que se lucró con padrones falsos en 20 pisos de Vitoria

Ahora bajo el manto del Juzgado de Instrucción número 4, este caso nació hace un año cuando la oficina del Padrón y la Policía Local detectaran censos «sospechosos» por la escasa veracidad de los contratos de arrendamiento. Se lo comunicaron a la Policía Nacional, cuerpo competente en esta materia.

A partir de esa alerta, sus agentes acometieron un trabajo inverso. Comenzaron a entrevistarse con los propietarios de esos pisos. Ninguno conocía a las personas registradas desde semanas o meses atrás en sus direcciones. «Todos nos decían que 'esa firma no es mía'. Eran contratos falsos claramente», apuntan medios de la investigación. Eso sí, en ninguna vivienda había más de dos polizones. Probablemente para evitar llamar la atención tanto de los propietarios como del Ayuntamiento de Vitoria, de quien depende el padrón.

El número de pisos incluidos en la trama fue subiendo. Los policías nacionales buscaron a esos falsos residentes, quienes jamás pasaron ni una sola jornada en esas ubicaciones. Presentaban los contratos de arrendamiento (de una habitación generalmente) en la oficina del padrón. Como incluía el nombre, apellidos, dni y firma del dueño oficial, superaron ese primer corte.

«Descubrimos que los contratos eran prácticamente un calco y que la firma de los empadronados siempre era la misma», trazan fuentes de la investigación realizada por la Policía Nacional. Quedaba la gran pregunta. ¿Quién estaba detrás del fraude? «Alguien con acceso a los dnis y direcciones de los propietarios para poder empadronar a sus clientes».

Al final, los agentes dieron con el presunto cabecilla. Es un vecino de Vitoria que logró hacerse con los datos personales de una veintena de ciudadanos ajenos a la trama. Entre ellos, su padre.

Sus clientes se mueven en el mismo perfil. Extranjeros «en situación irregular» y que le pagaron una cantidad por determinar para entrar en el censo vitoriano. «Creemos que hubo un único pago a diferencia de otros casos en los que se pide una cantidad mensual». El padrón abre la puerta «a la tarjeta sanitaria, una futura regularización, el arraigo y el cobro de ayudas sociales» a medio plazo. La Renta de Garantía de Ingresos, la popular RGI, exige tres años de empadronamiento aunque hay excepciones para otorgarla en menos tiempo.

Su situación irregular impidió la localización de la mayoría de posibles beneficiarios, lo que llevó a la Policía Nacional a cerrar el atestado para que el juzgado les pusiera en busca y captura. A día de hoy, una docena ha sido localizado. Todos lejos de Vitoria. En Ceuta, Almería, Tarifa, Elche... Hay constancia de otro implicado en Bélgica. El último fue interceptado hace dos semanas.

Todos se exponen a ser denunciados por «falsedad documental». En el caso del supuesto responsable del fraude, por sus 25 empadronamientos ficticios, que podrían derivar en una pena real de cárcel y una sanción económica. No sería el primero pillado 'in fraganti' en la provincia. Hace unos meses, la Policía Nacional optó por la vía administrativa para un residente en Legutio por empadronar a seis ciudadanos pakistaníes en su domicilio. Fue condenado a abonar una multa de 40.006 euros por este engaño.