«Después de seis años no vamos a firmar algo irrisorio»

ELA y LAB reclaman desde hace seis años que se firme un convenio provincial. Una negociación que se ha eternizado por la pandemia, la falta de interlocución de la patronal y las tiranteces de la negociación, y de repente urge ahora una solución. Elkarrekin lo ha puesto sobre la mesa como condición 'sine qua non' para firmar un pacto presupuestario con el Gobierno de Ramiro González y si Álava se precipita hacia la prórroga 'desaparecerán' los seis millones que este año había guardados para facilitar la solución del conflicto.

Los sindicatos no reclaman que se les iguale a las gerocultoras vizcaínas y guipuzcoanas, sino que se eleven sus sueldos a alrededor de 1.500 euros mensuales a partir de 2027 y reducir su jornada anual de 1.772 a 1.672 horas. Ellas son las responsables de toda la atención directa, que incluye el aseo, las movilizaciones, dar la medicación o hacer la cama del interno, pero acaban siendo las multiusos que cubren las carencias de estos centros. «Las residencias y viviendas comunitarias han vivido muy bien hasta ahora porque han pagado muy poco a sus trabajadoras, y arrancan los pelos porque les reclamamos un salario digno», critican representantes de ELA. «Después de seis años de lucha no vamos a firmar un acuerdo que resulte irrisorio. El acuerdo está a las puertas. La última propuesta que se nos presentó es insuficiente, pero las empresas y la Diputación tienen que dar un paso para acercarse a nosotras. Nosotras ya se lo hemos puesto a huevo», avisan.

osu Alda, representante de la patronal ACRA que engloba a los pequeños y medianos centros de la provincia, no obvia la realidad y las enormes diferencias en salarios que existen entre territorios. «Las distancias en cuanto a salario con Bizkaia son sustanciales porque han hecho un 'recorrido' durante 17 años renovando convenios. En el primero hubo un 5% y aquí estamos hablando de que las propuestas rondan un 40%. Es imposible absorber los incrementos de esos costos. De ahí que necesitemos unos plazos y que contemos con un respaldo por parte de la Diputación», apunta el portavoz de la parte empresarial.