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El juzgado número 1 de lo Social ha desestimado la demanda que el exsecretario del Ayuntamiento de Laguardia presentó en su día contra la propia ... institución municipal y el alcalde Raúl García por presunto acoso laboral. El escrito judicial absuelve de las acusaciones al Consistorio y al primer edil y contra la resolución cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El demandante pedía una indemnización de 50.000 euros por daños morales que no ha sido aceptada por el juez. El magistrado diferencia el acoso en el ámbito laboral de las tensiones propias que pueden surgir en el día a día entre trabajadores y superiores. Se decanta por este supuesto para emitir su veredicto de absolución.
En el juicio celebrado hace unas semanas en Vitoria, las partes defendieron sus posturas con vídeos, informes periciales y testimonios de todo lo ocurrido en los últimos años. El exsecretario, por ejemplo, presentó los relatos de los concejales Ángel Coca y Eva Iglesias, de EH Bildu y PP, respectivamente.
Durante sus declaraciones, los ediles explicaron que hubo una reunión previa al pleno en el que había que decidir si se recurría o no la sentencia que obligaba al Consistorio a indemnizar al antiguo interventor con 15.000 euros por una mala evaluación salarial de su puesto. En ese encuentro, según el relato de los ediles, se les presentaron argumentos para recurrir la decisión de la justicia. A esa cita acudieron representantes de un importante despacho de abogados y de la empresa que diseñó la relación de puestos de trabajo para la Corporación, que acabó siendo recurrida por el exsecretario. En ella se les dijo que «era necesario recurrir; si no, nos enfrentábamos a repercusiones legales», afirmó Iglesias.
«Terminó esa reunión y yo me fui a casa acojonado. Cogí el teléfono, llamé al coordinador de mi partido y le dije »si han venido a acojonar, yo he salido acojonado. Aquí se os queda la concejalía, el Ayuntamiento y lo que sea. Yo no voy a pasar por que defender que a una persona se le pague lo correcto vaya en contra de mi patrimonio y mi persona«. Luego ya tuvimos una reunión más tranquila con los del partido y vimos que la cosa no iba a ser así», relató Coca.
Los dos concejales coincidieron en que se escucharon «comentarios negativos» contra el interventor del Ayuntamiento en ese encuentro, aunque no a la hora de situarlos en boca del regidor. Ángel Coca sí afirmó que durante la Fiesta de la Vendimia de 2023 la pareja del alcalde «me estuvo diciendo que el secretario sólo va por el dinero, que íbamos a salir en la tele, en los periódicos, que mirásemos qué ibamos a hacer»... «Yo seguía a lo mío, estaba en mi trabajo y sí pensé que qué turra me estaba dando. En un momento se acercó Raúl y le dijo que me dejase en paz, sin más».
La defensa del Consistorio y el alcalde, por su parte, ofreció los testimonios del representante sindical de los funcionarios del Ayuntamiento y el de un trabajador de Quirónprevención. Según el sindicalista, nunca tuvo conocimiento de una denuncia por la situación del exsecretario y su central, LAB, tampoco le trasladó este caso. El empleado de Quirónprevención ha asegurado que el plan de prevención de Laguardia sí evalúa los riesgos psicosociales del personal del Ayuntamiento, pero no conocía que el municipio alavés estaba adherido al protocolo de relaciones laborales elaborado por Eudel y que fija el procedimiento a seguir en casos de acoso laboral, que incluye ponerlo en conocimiento de los representantes de los trabajadores.
Ni el exsecretario ni el alcalde de Laguardia tuvieron que prestar declaración en sede judicial. Tras escuchar las conclusiones de las partes -en la que la defensa se ha referido al daño reputacional para el regidor por la «pena de banquillo»- y las nuevas pruebas presentadas, el juicio quedó visto para sentencia. El pleito es el segundo entre el alto funcionario y el Ayuntamiento, que ya ganó al Consistorio cuando llevó la relación de puestos de trabajo (RPT) a los tribunales. Fue en septiembre cuando el exsecretario demandó a Laguardia y su máximo representante institucional. Cuando se les preguntó si el alcalde hizo «comentarios negativos» contra el funcionario los testigos no coincidieron.
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