Descubren a 7 okupas en dos desalojos de pisos sociales de Alokabide en Vitoria

Por precaución y altercados ocurridos en el pasado, policías siempre acompañan a cada comitiva judicial. En el primer lanzamiento, al llegar al rellano descubrieron que la puerta original había desaparecido. Alguien había arrancado la oficial –antiintrusión– para colocar otra que ni siquiera encajaba. En el interior se toparon con tres varones. Pese a ser las 10.30 horas todos dormían. Uno, sobre una colchoneta instalada en la cocina. Al menos otro figura en las bases policiales como sospechoso de participar en varios robos con violencia cometidos durante los últimos meses en la ciudad.

Ninguno supo determinar el paradero del inquilino oficial. Tampoco dieron explicaciones lógicas sobre cómo llegaron a esa vivienda o si pagaron alguna cantidad por su control, como ha ocurrido ya en decenas de casos.

Unas dos horas después de iniciarse el lanzamiento abandonaron la casa no sin antes «cargar con una televisión». Operarios colocaron una nueva puerta antiokupas, tanto en el piso como en el camarote. «Pues a la tarde saltó la alarma del trastero», deslizan medios policiales. En próximas fechas será entregado a algún inscrito en las listas oficiales de Alokabide, organismo gestor de las viviendas sociales.

Según indican fuentes internas de la Policía Local, el posterior cotejo del edificio determinó que los okupas «se colaron por una terraza comunitaria, accedieron a la del piso, rompieron un cristal y desde dentro desmontaron la puerta antiintrusión». Pudieron hacerlo el día anterior de la visita de la comitiva. Quizá semanas antes. O incluso meses atrás.

El miércoles, una nueva comitiva acudió a otro bloque social de Zabalgana. Esa vez tampoco abrió la puerta la persona que figuraba en el expediente judicial. Les atendió un hombre que declaró vivir allí con su pareja y sus dos hijos menores de edad. Como suele ser norma, tampoco aportaron demasiada información sobre cómo acabaron en esa dirección.

Durante la intervención, una mujer, vecina del mismo edificio, «se presentó con la excusa de entregar la llave del piso, aunque sólo pretendía montar bulla». Fue invitada a marcharse.

El Gobierno vasco confirma que, por precaución, dejaron dentro a la familia. Sí dieron parte al juzgado para un nuevo procedimiento exprés. En Vivienda confían en que éste llegará «en un mes» para, una vez acondicionado, sea entregado a alguna persona necesitada apuntada a las listas de espera oficiales.

Estas estampas no son tan raras. Desde hace tiempo, deslizan ertzainas y policías locales consultados, «es muy habitual encontrar a otras personas que nada tienen que ver con el inquilino moroso cuando vas a un desalojo».

Una investigación de EL CORREO descubrió el año pasado que un par de bandas organizadas copan este negocio. 'Venden' o 'alquilan' por cantidades dispares estos domicilios, que tarde o temprano serán desalojados. Desde 400 hasta 1.500 euros. Se han detectado casos de personas que incluso les pagan una pequeña cantidad mensual.