Desahucios en Álava
Desahucian en Vitoria a una familia que había sido realquilada por unos okupasPor orden judicial ·
Hace 16 meses que dejaron de pagar la cuota a la propietaria legal y subarrendaron la casa a sus espaldas. La Policía Local se la devolvió ayer martesAl timbrar, unos desconocidos les abrieron la puerta. Ninguno coincidía con los dos okupas que llevaban dieciséis meses residiendo de gratis en el piso, localizado ... en el barrio de El Pilar, en Vitoria. Dejaron de pagar la cuota a principios de 2022, cuando la propietaria legal les informó de unos severos problemas de movilidad recién detectados. Ofreció entonces una permuta a sus inquilinos. Les pidió que se mudaran a su vivienda habitual, que carece de ascensor pero también rebajando su mensualidad, y ella se instalaría así en la casa alquilada, que sí dispone de elevador.
La respuesta de los realquilados fue tirar por la calle de enmedio. «No sólo se negaron a la permuta propuesta por la casera, sino que dejaron de abonar la mensualidad», deslizan fuentes de la plantilla de la Policía Local. Este cuerpo tuteló en la mañana de ayer el lanzamiento, ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vitoria.
¿Quiénes eran entonces las personas que les recibieron? Según los medios consultados, «las personas que figuraban como denunciados subarrendaron el piso a terceras personas en algún momento a partir de principios de 2022». Y el abono de esas mensualidades se habría hecho en 'b' y a espaldas de la denunciante. Se desconoce si los primeros okupas avisaron a esta familia de tres miembros –dos adultos y un menor– de la cuenta atrás judicial.
Marcha en coche
«Los lanzamientos son muy garantistas y la autoridad judicial comunica con mucha antelación cada paso, así como la fecha definitiva del desahucio», aprecian fuentes judiciales. De hecho, un conocido de esta familia aguardaba en la calle a que salieran. Se acercó en coche y les ayudó a cargar sus enseres personales. La comitiva judicial constató «desperfectos y mucha suciedad» en el interior de la estancia recuperada.
En el caso de este domicilio particular, el desalojo se suspendió hasta en tres ocasiones. Le afectaron de lleno los distintos paros en la Justicia alavesa, que arrancaron el otoño pasado y se extendieron hasta hace unas pocas semanas.
«Los subarrendamientos han proliferado y un número importante se hacen sin contrato»
Fuentes policiales
Con el déficit de viviendas en alquiler que padece la capital alavesa, los subarrendamientos han proliferado. Y «un número que creemos importante se hacen sin contrato», comparten medios policiales. Se trata de una sensación porque no existen estadísticas oficiales al respecto. Al menos ningún organismo local las ha publicado hasta la fecha.
«Hay un submundo con estos contratos que se nos escapa. El caso de El Pilar es extremo, porque lo habitual es que el inquilino oficial meta a otros en las habitaciones libres y saque para abonar su mensualidad y, a veces, para obtener una ganancia», describe un agente. El pasado 27 de abril, un pakistaní denunció en este periódico que paga «150 euros por dormir en un sofá».
En los juzgados apenas hay constancia. «Es muy difícil que estas víctimas denuncien. No se atreven por miedo a que nadie les realquile». Como la familia descubierta ayer, que optó callar sobre las condiciones de su vínculo con los okupas que les subarrendaron la vivienda y que ahora se encuentran en paradero desconocido.
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