El portero acusado de matar a Kerman abandona la cárcel después de 8 meses
La Audiencia de Álava se alinea con las tesis de la defensa y la Fiscalía, rebaja los cargos y elimina la opción de un juicio con jurado
Poco después de las 15.00 horas de este miércoles, el acusado de matar al vitoriano Kerman a las puertas de la extinta discoteca Mítika ... abandonó la cárcel de Zaballa. Como adelantó la web de EL CORREO, lo hizo después de que su familia pagara los 6.000 euros de fianza impuestos por la Audiencia Provincial de Álava horas antes. Esta sala ha sido la encargada de revisar las circunstancias penales de este crimen, ocurrido la madrugada del pasado 23 de febrero.
Sus magistrados, las máximas autoridades judiciales en la provincia, validaron las tesis de la Fiscalía y de la defensa del investigado, al que se acusa de matar al joven tras propinarle «un único golpe o un manotazo» en el acceso principal al local. Resolvieron además que este suceso mortal sea calificado como «homicidio imprudente o lesiones con resultado de muerte» o como un «delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio cometido por imprudencia». Es decir, rechazan la calificación de las acusaciones particulares y del juzgado instructor, que apreciaron «un homicidio o asesinato».
¿Qué entrañará este cambio de valoración? Que el portero, quien ha permanecido ocho meses en prisión preventiva, no tenía intención de acabar con la vida del joven vitoriano y que, por tanto, las consecuencias penales serán más leves. «No hay base alguna para deducir que (el investigado) conocía que podía matar con un golpe suyo», dice el auto. Por de pronto, el único sospechoso eludirá un juicio con jurado, que en un 92% de los casos acaba en condena severa.
Al denegarse la opción de «homicidio o asesinato», la pena a la que se enfrentará el portero será más baja. Fuentes judiciales hablan de «un máximo de cinco a siete años». Tampoco aprecia el tribunal indicios de un delito de «omisión de socorro». El controlador de accesos abandonó al joven inerte, que sí fue atendido por otras personas, y bajó al interior del establecimiento. Siempre ha mantenido que lo hizo en base a su «protocolo».
Al tratarse de un delito menos grave, la Audiencia fijó una fianza de 6.000 euros para que recuperara la libertad. Sus familiares depositaron el dinero «alrededor de las 13.15 horas», según medios internos del Palacio de Justicia. Una vez recuperada la libertad y mientras progresa la vía penal, este sospechoso deberá comparecer cada semana en el juzgado. Tendrá prohibido abandonar España y su pasaporte seguirá en poder de las autoridades judiciales hasta nuevo aviso.
La autopsia reveló en su momento que la víctima, un treintañero nacido en la capital de Euskadi, murió tras sufrir un «traumatismo facial». El golpe presuntamente propinado por el acusado le generó «una doble fractura» en la mandíbula que le dejó inconsciente y le llevó a perder la vida por «anoxia» (falta de oxígeno). El exportero es una persona muy corpulenta y competidor en levantamiento de peso. Al parecer le prohibió el acceso al establecimiento, la víctima insistió y fue agredida con consecuencias funestas.
«No hay base para deducir que (el acusado) conocía que podía matar con un golpe suyo»
Esta decisión definitiva de la Audiencia sobre la calificación de los hechos choca con el auto del juez instructor del crimen, pero cabe reseñar que no es firme. Cualquiera de las partes podrá recurrir al Tribunal Supremo. Todo indica que así lo harán las dos acusaciones particulares «tras hablar con la familia».
Los abogados del entorno de Kerman siempre han manifestado que «existen indicios sólidos de la comisión de un delito de homicidio o asesinato y tiene que ser el tribunal del jurado (Audiencia Provincial de Álava) el que dicte la sentencia». Álvaro Silván, de Instrucción 3, también defiende este postulado.
Se mantienen asimismo las imputaciones a la mercantil Le Basque, empresa que empleó al investigado, y a Explotaciones Hosteleras Niecor, antigua gestora de la discoteca, como posibles responsables civiles.
Este suceso mortal puso en entredicho el control real sobre los porteros. A partir de ahí, las instituciones autonómicas y locales movieron ficha y ordenaron cambiar el reglamento para esta profesión.
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