Borrar
La portavoz municipal del PP, Leticia Comerón, durante una rueda de prensa. E. C.
Comerón denuncia el «trato de favor» de Urtaran en la venta de una parcela para un chalé

Comerón denuncia el «trato de favor» de Urtaran en la venta de una parcela para un chalé

La portavoz del PP en Vitoria dice que el Gobierno modificó las condiciones de un concurso a pesar del rechazo de los técnicos

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Miércoles, 27 de junio 2018, 14:36

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La portavoz de PP en Vitoria, Leticia Comerón, ha denunciado este miércoles que el Gabinete Urtaran ha modificado las condiciones de un concurso convocado el año pasado para vender un solar destinado a levantar un chalé en Mendiola a petición de una entidad financiera y de los propietarios que habían comprado el terreno. En consecuencia, en el caso de que los adjudicatarios no cumplan los plazos marcados por el Ayuntamiento para levantar la casa y el Consistorio decida aplicar una cláusula incluida en la licitación que le permitía recuperar la parcela tras devolver el dinero cobrado por ella descontando la fianza, ahora lo hará «con cargas». Y eso implicará que deberá asumir también una hipoteca de 303.335 euros.

«Es un claro trato de favor. Y no lo digo yo, lo ha dicho ya el director de Hacienda y el propio Interventor municipal, que emitió un informe negativo contrario a esta decisión», ha denunciado Comerón. La concejala ha solicitado la comparecencia extraordinaria y urgente de Urtaran para que dé explicaciones. El Gabinete Urtaran ha manifestado que está «muy tranquilo» tras revisar el procedimiento. «No tenemos por qué recuperar el solar y afrontar ninguna obligación. De trato de favor, nada. Una pareja quería hacerse una casa y nosotros hemos buscado una fórmula legal para que les concedan el préstamo».

El origen de esta decisión se remonta al 27 de enero de 2017, cuando el Ayuntamiento de Vitoria aprobó un expediente para la venta de cuatro parcelas en Mendiola. La Mesa de Contratación seleccionó la oferta más ventajosa en mayo de 2017 concediendo las cuatro parcelas por un montante total de casi 600.000 euros a unos mismos particulares, que habían sido los únicos interesados en los solares.

A partir de aquí disponían de 10 días para presentar los avales correspondientes a las 4 parcelas, tal y como se indicaba en el pliego de condiciones. Sin embargo, presentaron un escrito en el que renunciaban a 3 de los terrenos, por lo que al final se quedaron solo con una de ellas para la construcción de una vivienda. El Ayuntamiento en aquel momento «no les obligó a formalizar los avales de todas las parcelas» como requería el pliego, sino que aceptó la renuncia «sin ningún tipo de penalización», según Comerón.

El 23 de mayo de 2017 fue presentado el aval de la parcela que los propietarios sí se quedaron, por valor de 7.638 euros, y el 9 de junio, la Junta de Gobierno se la adjudicó definitivamente a estos particulares por 152.768 euros. En teoría, construirían el chalé y aquí se acabaría el proceso. Si no lo hacían, el Ayuntamiento recuperaría el terreno tras devolver los 152.768 euros pagados por los adjudicatarios, que perderían la fianza de 7.638 euros. El solar fue inscrito en el Registro de la Propiedad el 3 de octubre de 2017.

No obstante, la entidad bancaria con la que habían contactado los adjudicatarios, Caja Laboral, solicitó el pasado 25 abril dos alternativas para poder conceder la hipoteca a los promotores. La primera, que el Consistorio «eliminara la condición resolutoria». Y la segunda, que «renunciara al rango hipotecario» y dejara a la entidad bancaria con el primer rango de hipoteca, de forma que esta última estuviera por delante de la condición resolutoria. Dicho de otra forma, que en caso de resolverse, «el Ayuntamiento tendría que hacer frente» a ese préstamo, ha dicho Comerón.

Llama la atención que, solo un día después, el 26 abril, el propio director de Hacienda, Vidal Gorostiaga, se pronunció al respecto en un email que envió a un técnico de Gestión Patrimonial en el que afirmó que tanto el Interventor municipal como él mismo consideraban que «posponer el rango es un 'trato de favor' a un tercero que puede tener consecuencias económicas» para el Ayuntamiento, por lo que proponían consultarlo con la Asesoría Jurídica.

Los propios compradores de la parcela también registran una petición al Consitorio el 9 de mayo en el centro cívico de Salburua «a las 17.32 de la tarde» pidiendo una de las opciones puestas sobre la mesa por la entidad bancaria: la cesión del rango hipotecario a favor de dicho banco. «Casualmente ese mismo día», ha revelado con sarcasmo la concejala popular, «ya se había emitido un informe técnico municipal en el que se señalaba que la opción 1 propuesta por la entidad no se puede hacer porque vulnera el principio de igualdad y, sobre la opción 2, explica que no hay prohibición expresa a la posposición del rango hipotecario pero expone las consecuencias negativas para el Ayuntamiento».

El 29 de mayo, el Interventor (encargado de velar por el buen uso del dinero municipal) emitió una nota de reparo «negativa y contraria» al cambio. El Interventor afirmó que el Ayuntamiento» no debiera renunciar a su posición privilegiada en la prelación de sus derechos. De lo contrario, sería como renunciar a la posibilidad de resolución recogida en los pliegos del contrato, planteamiento que no estaba contemplado en el momento de la licitación de la venta, pudiendo de este modo quedar alterado el principio de igualdad que rige en toda la contratación a celebrar por las Administraciones públicas».

A pesar de ello, la Junta de Gobierno aprobó el cambio el 1 de junio. Comerón ha manifestado sus sospechas por la «rapidez» con la que se ha resuelto este asunto y ha recalcado lo «raro» que es que en el expediente sobre la parcela «no conste algún informe favorable a esta decisión». A su juicio, las consecuencias son que «el Ayuntamiento vendió el solar por 152.768,7 euros y en el caso de que se produzca un eventual incumplimiento por los compradores, la institución tendrá que recuperar la parcela no libre de cargas, sino gravada con una hipoteca de 303.335 euros que el Ayuntamiento tendría que asumir o instar a la ejecución de la misma a favor de la entidad bancaria».

«El Gobierno local niega tajantemente las falsas y graves acusaciones del PP de Vitoria y le exige retirarlas. En ningún caso ha habido un trato a favor por parte del Ayuntamiento: así lo acredita el informe del departamento de Hacienda, a través de la Jefatura del Servicio de Patrimonio. El expediente es impecable y cuenta con el parabien de los técnicos municipales. Si el Partido Popular considera que existe alguna ilegalidad debe acudir a los Tribunales de Justicia», han apuntado portavoces del Gabinete Urtaran con el objetivo de despejar cualquier duda sobre este asunto.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios