Urtaran rechaza el centro para 350 refugiados que hará el Gobierno central en la clínica Arana
El recurso se pondrá en marcha en el año 2024 tras una inversión de 14,1 millones de euros. Se construirán otros siete en el resto de España
A Gorka Urtaran no le convence el centro de acogida para refugiados que construirá el Gobierno central en la antigua clínica Arana con capacidad para ... 350 personas. Será el primero de estas características en el País Vasco, pero el regidor jeltzale considera que no está justificado un complejo de tal envergadura. «En Euskadi no son necesarios este tipo de servicios», aseguró ayer de manera tajante después de admitir que conocía este proyecto desde el pasado mes de julio, cuando se lo comunicaron una vez de que la decisión ya estaba tomada. «Esto ha sido una decisión totalmente unilateral del Gobierno del Estado», zanjó en un nuevo desencuentro con el PSE, su socio de gobierno en las principales instituciones vascas. Al regidor peneuvista tampoco le ha gustado que el Gobierno central «no lo haya consultado con el Ejecutivo de Lakua, que apuesta por un modelo de atención más personalizado en equipamientos más pequeños», matizaban fuentes de Alcaldía. Más allá de sus palabras, la capacidad de acción de Urtaran es limitada ya que el edificio forma parte del patrimonio inmobiliario de la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que como él mismo reiteró «no es un asunto de competencia municipal».
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La «situación de fuerte presión migratoria» es lo que ha llevado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de Pedro Sánchez a recuperar estas instalaciones una década después de que cerraran sus puertas. La residencia Arana se convertirá en un centro de acogida a refugiados -conocido formalmente como Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI)-, de los que ahora mismo solo hay cuatro en España: dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla. Además del de Vitoria se construirán otros siete en el resto del país con la intención de crear 5.700 nuevas plazas en el sistema de acogida estatal. Todos forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia aprobado en 2021 y que se financia con fondos europeos Next Generation.
Para adecuar el inmueble ubicado en la calle Joaquín Collar a su nuevo uso se requiere una importante obra dado que las instalaciones se han ido deteriorando tras su cierre. El presupuesto para estos trabajos es de 14,1 millones de euros y está previsto que comiencen en el mes de julio. La intención es inaugurar este nuevo centro en 2024 tras 16 meses de obras. Ya está abierto el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas y hoy mismo realizarán una visita a las instalaciones. El Ministerio quiere que se ponga en marcha cuanto antes. En el pliego para la redacción del proyecto constructivo se señala que «debido al alto número de solicitudes de protección internacional resulta imprescindible poner en servicio a la mayor brevedad posible los alojamientos».
El complejo estará compuesto por dos edificios ubicados en una parcela de 19.500 metros cuadrados y contará con varios espacios. Se contempla un ala residencial con dormitorios, aseos y lavandería, una zona administrativa con oficinas, despachos y salas de reuniones y, por último, áreas comunes con comedor para los residentes, cocina, enfermería, aula de informática, espacios deportivos, huerto, parque infantil o ludoteca, entre otros servicios. Habrá 700 metros cuadrados de zonas verdes y un aparcamiento de 300 metros cuadrados.
El Gobierno central expone que «en los últimos seis años se ha multiplicado por 20%» la llegada de solicitantes de asilo a España, y que con solo cuatro centros de acogida «la consecución de objetivos a nivel nacional es muy limitada». Por eso se ha tomado la decisión de aumentar los recursos destinados a personas que huyen de guerras o de reiteradas violaciones de los derechos humanos en sus países natales. Los refugiados reciben allí apoyo social, psicológico, jurídico y cultural además de clases para aprender el idioma durante un máximo de un año. También se facilita asesoramiento sociolaboral y apoyo en el acceso a programas de formación.
Uno de los dos edificios de la antigua clínica Arana albergará unas 200 plazas aproximadamente y el segundo, más pequeño, unas 150. Todas las habitaciones serán dobles o triples con baño incorporado. Se exige además «flexibilidad» para convertir un porcentaje de ellas en habitaciones familiares que puedan acoger cuatro o cinco personas.
Sorpresa de los grupos
Este anuncio sorprendió ayer a los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Vitoria, que aseguraron desconocer los planes del Ministerio de Migraciones. El primero en pronunciarse fue el Partido Popular, y su portavoz municipal, Ainhoa Domaica, pidió directamente al PNV y al PSOE que «frenen» este proyecto. «Vamos a reclamar explicaciones para saber por qué el Gobierno de Sánchez ha elegido Vitoria para ubicar aquí este centro de acogida, por qué lo ha gestionado con este oscurantismo y por qué tanto el PNV como el PSOE lo han estado ocultando desde el verano».
En el caso de EH Bildu solicitarán al Gobierno central «toda la información para conocer con exactitud» los planes para la antigua clínica Arana mientras que desde el grupo municipal de Elkarrekin evitaron pronunciarse al desconocer algunos detalles sobre el proyecto.
De antigua maternidad y residencia a refugio para migrantes
Durante décadas fue el gran nido de Vitoria. La clínica Arana, en la calle Joaquín Collar, se inauguró en 1957 con el nombre de Ortiz de Zárate y fue la primera residencia sanitaria pública de Álava. En sus instalaciones vinieron al mundo miles de vitorianos: se calcula que allí se atendieron más de 45.000 alumbramientos. Estuvo en activo 20 años, hasta que en 1977, con la inauguración del Hospital de Txagorritxu, se desmanteló. Después se transformó en residencia durante unos años hasta que las instalaciones, que ya gestionaba la Diputación, dejaron de funcionar en el año 2013 porque se habían quedado obsoletas. Desde entonces, asociaciones vecinales habían reclamado que se le volviera a dotar de uso como centro para mayores dependientes. En 2019, el Gobierno central sacó al mercado las instalaciones, situadas en una parcela de 19.500 metros (16.000 construidos y 3.500 de zonas verdes), por 7,6 millones de euros. No encontró ningún comprador.
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