Los casos de acoso escolar crecen en Álava un 34% hasta alcanzar 65 víctimas el curso pasado

Esos 65 casos representan el 12,4% de todas las situaciones de 'bullying' que tuvieron lugar en Euskadi, por detrás de las 326 que se detectaron en Bizkaia y las 131 que sucedieron en centros educativos de Gipuzkoa. Fueron 522 casos en total, lo que representa un importante crecimiento respecto a los 213 casos que se registraron apenas tres años antes, en el curso 2022/23 (un periodo sobre el que no se ofrecen datos desglosados por territorios).

Las preocupantes cifras se desprenden de una respuesta por escrito del Departamento que dirige Begoña Pedrosa a la parlamentaria del PP Muriel Larrea. Según la documentación, el curso pasado se abrieron en Álava 248 protocolos por acoso escolar, por lo que se determinó que existía acoso en uno de cada cuatro casos. Una proporción similar a la de las otras dos provincias vascas. El inicio de un protocolo de detección se puede dar a instancias tanto de la víctima como de su familia o de los profesores del centro ante la sospecha de que un alumno está sufriendo 'bullying'.

La forma de acoso entre alumnos más habitual fueron las agresiones verbales, que sucedieron en 426 de los 522 casos que tuvieron lugar en Euskadi. A continuación se encuentran la exclusión (285 casos detectados), el ciberacoso (165), las agresiones físicas directas (153), los chantajes o amenazas (146), las agresiones indirectas (116) y las agresiones a alumnado con Necesidades Educativas Especiales, que son los que presentan algún tipo de discapacidad intelectual, motora, auditiva, visual... (91).

En menor medida se detectaron situaciones de acoso sexual (56), agresiones racistas (39) y en último lugar LGTBIQ+fobia (28). Educación señala que en algunos casos tuvieron lugar varios tipos de acoso a la vez. Esta información más al detalle, sin embargo, no se encuentra desglosada por territorios.

Cuando se abre un expediente, es el propio centro el que asume la gestión del conflicto con el asesoramiento del Berritzegune, el servicio del Gobierno vasco de apoyo a los colegios. Además siempre se da aviso a Inspección educativa, que supervisa «la correcta aplicación» de las medidas contempladas en el protocolo. En los casos más extremos interviene la justicia. Y según datos de la memoria del Ministerio Público correspondientes a 2024, la Fiscalía del País Vasco investigó el año pasado 53 casos de 'bullying'. Es decir, uno a la semana.

El pasado mes de octubre, el suicidio de la joven sevillana Sandra Peña tras un hostigamiento prolongado en su colegio llevó a cientos de jóvenes alaveses a alzar la voz ante esta lacra y contra los agresores. Convocados por el Sindicato de Estudiantes –que organizó manifestaciones por todo el país– los alumnos clamaron por poner fin a las agresiones en las aulas, en el patio y, cada vez más, a través de las redes sociales. Algunos tomaron la palabra en la plaza de la Virgen Blanca y megáfono en mano narraron la violencia física y verbal sufrida en primera persona. Una imagen inédita y que permitió poner cara y voz a unas cifras que van en aumento.

Desde hace unos años en Euskadi cada colegio cuenta con un grupo de coordinación para este tipo de situaciones, es el conocido como BAT (grupo contra el 'bullying', por sus siglas en euskera). Está compuesto por una persona de dirección, un orientador, jefatura de estudios y el coordinador de bienestar, una figura reciente que existe en todos los centros.

Y, una vez detectado un caso ¿cómo se actúa con los agresores y cómo se protege a las víctimas? Desde el departamento de Educación explican que las medidas habituales para los acosadores «se implementan desde un plano eminentemente educativo». Esto significa que se trabaja con ellos «el desarrollo de conductas más adecuadas que le permitan un desarrollo emocional saludable» poniendo el foco en la empatía, las habilidades sociales, el respeto, las conductas asertivas o el autocontrol emocional, entre otros aspectos. Las actuaciones se realizan de manera individualizada y «se trabaja a través de un programa específico las conductas a reorientar».

En algunas situaciones, sobre todo con el alumnado de Educación Primaria –apostillan desde Educación– «se opta por aplicar medidas alternativas para la corrección de conductas donde prevalezcan los conceptos de reparación y conciliación». Ante hechos más graves se contempla «la suspensión del derecho de participación en actividades complementarias (excursiones...), pudiéndose llegar a la suspensión del derecho de asistencia al centro». El cambio de colegio también está contemplado entre las medidas correctoras.

En lo relativo a las víctimas, el área liderada por Pedrosa sostiene que en primer lugar se les ofrecen medidas que garanticen su seguridad y protección. A partir de ahí se diseña un plan personalizado «con tutorías individuales» y se les asigna una persona de referencia con la que trabajar su autoestima, poner límites o entrenar sus habilidades sociales. De todo ello se informa a la familia, con la que se agendan varias reuniones.