Un cambio de normativa obliga a modernizar los ascensores de 5.175 comunidades en Álava

Los representantes del sector cifran en 65.000 los elevadores que están funcionando en el País Vasco, 10.350 en Álava y de ellos el 35% tiene una antigüedad superior a 25 años. Las empresas asociadas conocen en profundidad el parque de ascensores de la comunidad autónoma, donde se encargan del mantenimiento de «más de 55.000», «el 90%» de la actividad. Y también realizan las inspecciones periódicas, que según recoge la nueva instrucción serán cada dos años en edificios utilizados para fines industriales o concurridos por el público (oficinas, equipamientos de administraciones...), cada cuatro años en bloques de pisos con más de veinte viviendas y cada seis en el resto.

Esos plazos son clave, porque, aunque la regulación estará operativa el próximo mes, los ascensores no tendrán que estar adaptados ni mucho menos en ese momento. «Los cambios se irán implantando de manera gradual, según vayan llegando las revisiones periódicas», puntualiza Juan Carrascal, presidente de Eigel. Eso significa que, si una comunidad acaba de obtener el certificado de que todo está bien en el elevador, hasta dentro de cuatro años no tendrá que volver a someterse a la inspección ni, por lo tanto, incluir las nuevas medidas que exige la normativa. «Esta es una norma que el sector viene reclamando desde hace tiempo y va a ser una gran oportunidad para mejorar el servicio y la seguridad de todos los usuarios», apunta Miguel Ángel de la Fuente, director del Área Norte de Otis.

A los que les toque pasar el reconocimiento dentro de poco, también dispondrán de un margen, en función de las mejoras que deban implantar, para cumplir con el texto regulador. Y no habrá más manga ancha. «Desde el departamento de Industria del Gobierno vasco van a estar muy pendientes porque es obligatorio que esto se cumpla. Habrá un tiempo de margen, pero si las reformas necesarias no se hacen pueden llegar a paralizar el ascensor», señala Javier Montero, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Álava y Gipuzkoa.

Se trata de una norma que hace un «hincapié importantísimo en la seguridad», pero que según los agentes del sector no derivará en un gasto importante para las comunidades de vecinos. En la misma línea, desde Eigel exponen que en el País Vasco «existen distintas regulaciones que hacen que algunas de las medidas exigidas por la nueva instrucción ya sean obligatorias desde hace varios años».

Menciona, por ejemplo, las «cortinas fotoeléctricas» en instalaciones nuevas, muy extendidas desde un decreto aprobado por el Gobierno vasco en el año 2000, y que con la nueva normativa sustituyen a las fotocélulas que a día de hoy están presentes en buena parte de los montacargas. Esta medida afecta a los ascensores más antiguos, porque los nuevos y los que se han renovado cumplen ampliamente. Se trata de un problema, sobre todo, con niños o mascotas... porque muchas veces la fotocélula no detecta su presencia al no estar a su altura y las puertas les golpean al cerrarse.

Desde la federación nacional de empresas del sector calculan que el nivel de gasto más común se moverá entre los 1.000 y los 8.000 euros, ya que algunos elevadores deberán cumplir con unos requisitos más costosos. Uno de los más relevantes es la nivelación, que no haya escalón entre la cabina y el descansillo para evitar accidentes. En otros casos las comunidades tendrán que instalar otro motor (un gasto entre 3.500 y 4.000 euros) y un cuadro de maniobra, por lo que la inversión podría alcanzar entre 8.000 y 12.000 euros.

También será necesario instalar dispositivos de control para impedir una sobrecarga que lancen un aviso cuando se superen los kilos permitidos e impidan el funcionamiento. Asimismo, la normativa recoge la instalación de sistemas de comunicación bidireccional con el exterior, que ya están muy extendidos.

Los elevadores más afectados, pese a las reformas que se hayan podido realizar, serán los más antiguos, que afrontarán una de las adaptaciones más costosas con la sustitución de las guías si son de madera o cilíndricas. Los plazos que concede la normativa en estos casos son generosos, y varían en función de si las cabinas fueron instaladas antes de 1952, entre ese año y 1967 o a partir de ahí.