Bildu reclama más inspecciones a porteros para evitar que se repitan muertes como la de Kerman

El Ayuntamiento ha pedido una suerte de 'inhabilitación exprés' para aquellos que hayan tenido «comportamientos manifiestamente violentos» durante el desarrollo de su labor, tal y como avanzó este periódico. Pero no ha sido el único. Dos particulares, EH Bildu y la familia de Kerman, el joven que falleció en la sala Mítika, también han pedido al Gobierno vasco que incorporen sus aportaciones a las modificaciones que se van a hacer en la ley. Desde el Departamento de Seguridad confirmaron ayer que son esas cinco las aportaciones recibidas, que versan «sobre las sanciones, la formación del personal, el personal responsable de los controles de acceso o inspecciones».

La coalición abertzale, que se muestra muy crítica con el papel de las instituciones tras el suceso de la discoteca vitoriana que impulsa esta revisión, ha trasladado a Seguridad cuatro propuestas con el fin de enriquecer la nueva legislación. Entre ellas destaca la inclusión en el articulado de la ley «la obligación/necesidad de llevar a cabo inspecciones de manera rutinaria» sobre los porteros. Con estas revisiones, Bildu cree que se podría atajar la realidad constatada del personal que ejerce labores de control sin la habilitación necesaria para ello. Pide también que estos controles se ejerzan «con una periodicidad que asegure el cumplimiento» de los requisitos legales.

La coalición abertzale además reclama dotar a los inspectores de los «medios mínimos necesarios» para poder revisar a los porteros. Y es que aquí la competencia es compartida: el examen a los locales con aforo para menos de 700 personas depende de los ayuntamientos, pero cuando se supera ese aforo es tarea de Lakua. «Es fundamental que las administraciones locales cuenten con la financiación suficiente, por lo que se deben incluir partidas presupuestarias concretas y finalistas en las cuentas del Gobierno vasco para poder complementar la financiación municipal», reclama Bildu, que demanda al Ejecutivo que asista a los ayuntamientos cuando éstos no tengan recursos.

La formación, además, plantea la necesidad de contar con protocolos para identificar malas prácticas y de comunicación, para que los ayuntamientos y Lakua compartan información cuando detecten incumplimientos legales entre los porteros de las discotecas, de modo que se puedan emitir las sanciones correspondientes.