EH Bildu pide que Itelazpi vaya al Parlamento

Antena de Txibiarte, en Lezama, legalizada recientemente./ SANDRA ESPINOSA
Antena de Txibiarte, en Lezama, legalizada recientemente. / SANDRA ESPINOSA

Para que explique la situación de sus centros de comunicaciones en los concejos alaveses tras la negativa a hacerlo en las Juntas Generales

Marta Peciña
MARTA PECIÑA

El portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Kike Fernández de Pinedo, anunció ayer la petición de su grupo para que la sociedad pública Itelazpi, dependiente del Gobierno vasco, que se dedica a transportar y difundir señales de radio y televisión, explique la situación de sus centros de comunicaciones en los concejos alaveses.

La petición se deriva de una moción aprobada el 27 de febrero pasado en las Juntas Generales de Álava por la que todos los grupos junteros, excepto PNV y PSE, reclamaron a Itelazpi «una actuación proactiva y que colaborase con los 28 pueblos, casi todos ellos pequeños concejos sin ningún recurso jurídico propio». Son localidades en las que aún no se ha regularizado la situación de los centros de telecomunicación situados en sus montes públicos. La moción pedía que «en un periodo máximo de cuatro meses se pusiera en contacto con esos pueblos y les facilitase la información de esos centros», de cara a establecer una relación que permita a los concejos ingresar una contraprestación por el uso de su suelo público.

Fernández de Pinedo explicó ayer que Itelazpi remitió una carta a las Juntas Generales el viernes pasado en la que su vicepresidente, Xabier Arrieta, explica que «no procede atender lo solicitado en la moción», algo que el portavoz de EH Bildu ha calificado como «insultante e inaceptable» por tratarse de «un nuevo desprecio tanto a los Concejos como a las Juntas Generales de Araba». Ante esta respuesta, el grupo ha solicitado la comparecencia de Arrieta en el Parlamento vasco.

Por su parte, la Junta Administrativa de Lezama, en Amurrio, ha logrado regularizar la situación del centro de Txibiarte e ingresará 4.500 euros anuales. La ocupación del suelo se ha fijado para 30 años.