El Ayuntamiento y la protectora Apasos se cruzan querellas en el juzgado

En cuanto a la institución, este miércoles ha registrado ante el Juzgado de Instrucción una denuncia contra la presidenta del colectivo motivada por un escrito privado que dicha responsable dirigió el pasado 9 de abril al director del departamento municipal de Deporte y Salud. En esa comunicación -un email- se realizan «imputaciones muy graves sobre delitos de maltrato de animales» a responsables del Ayuntamiento y el personal que trabaja en el Centro de Protección Animal, algo que a juicio de los letrados municipales constituiría un presunto delito de calumnias. Igualmente entienden que ese correo incurre en un supuesto delito de amenaza tipificado en el Código Penal.

En el escrito presentado ante el juez, el Consistorio adjunta una copia del correo electrónico en cuestión así como dos informes veterinarios que «demuestran el carácter de calumnia de las afirmaciones en él realizadas». También aporta como pruebas dos comunicaciones del Ayuntamiento con la asociación donde se describen los criterios de funcionamiento del Centro de Protección Animal en diversos aspectos organizativos. La propia normativa sobre voluntariado de Apasos, aportada también como prueba, «se contradice con las imputaciones realizadas en el correo electrónico que ha motivado la denuncia», dice el Ayuntamiento.

Igualmente, la denuncia de la administración local «contiene una amplia referencia a la situación que está viviendo el personal» en la instalación de Armentia, «reflejada en un informe del Servicio de Prevención del departamento de Recursos Humanos que constata las descalificaciones, acusaciones de maltrato, difamación en redes sociales y otros hechos protagonizados por Apasos». Una situación que «está derivando en riesgo psicosocial para estas personas», sostienen.

La denuncia del Consistorio llega después de las que ha interpuesto la asociación por el presunto acoso laboral y abusos sexuales a voluntarias de la agrupación en las instalaciones de la perrera a manos de un trabajador de las mismas (el cual fue apartado y que está en prisión por otra agresión sexual diferente). La agrupación, conveniada con la institución local para labores de protección animal, mantiene desde hace meses que el Consistorio desoyó siempre sus denuncias y acabó llevando a los tribunales al concejal de Recursos Humanos, Iñaki Gurtubai. Le acusa de «prevaricación» por «entorpecer» la investigación interna para esclarecer estos actos machistas.

Apasos insiste en que desde que denunció el caso, el Consistorio ha tomado medidas «revanchistas» en su contra y no le deja acceder a la perrera para desarrollar su labor. Advierte de animales «en muy malas condiciones», de los que tienen noticia «tras los avisos de otras protectoras y clínicas», explica la letrada del colectivo a EL CORREO. Por eso enviaron el e-mail al Ayuntamiento pidiendo que les dejara actuar. «Les decíamos que no íbamos a ser cómplices de esa horrorosa situación de los animales, pero el Ayuntamiento lo entiende como una amenaza». La protectora recalca que «hemos intentado una solución negociada», sin embargo, tras la denuncia del Ayuntamiento, llevarán a la institución «a la Fiscalía y a los juzgados» por un supuesto delito de «maltrato animal».