El Ayuntamiento de Vitoria estudia prescindir de los bicipolis al dudar de su eficiencia

Por eso mismo, y cuando este servicio, que se puso en marcha en 2004, llegue a su fin en otoño, el Gobierno local estudiará «la conveniencia» de prorrogarlo. «He pedido personalmente al comisario un punto de miras para hacer una evaluación concreta de sus resultados», trasladó el edil a preguntas de EH Bildu.

Aunque, a renglón seguido, el peneuvista insistió en sus «serios» recelos con esta herramienta. «Tiene muchísimos inconvenientes. Hay que intentar que los recursos humanos que se tienen estén en el sitio y el momento adecuado, que se consigan los objetivos preventivos, o de atrapar al delincuente, y ahora mismo mi preocupación es la seguridad de los vitorianos», afirmó.

Lo hizo después de haber concretado a los grupos de la oposición la docena de claves del «plan de refuerzo de la seguridad», que ha sido motivado por la subida de los robos con violencia en la ciudad y que anunció este mismo lunes en rueda de prensa.

Sobre los bicipolis, los soberanistas contradijeron a Fernández de Landa y, de hecho, subrayaron que son «clave».

«Aportan un valor añadido en sostenibilidad, cercanía y modelo policial», puntualizó la portavoz Aitziber Salazar, quien además indicó que a estos efectivos se les podrían dar otras funciones y, para demostrarlo, le aportó estudios de Finlandia o Nueva York.

Por otro lado, y con respecto al anunciado plan de seguridad –del que no se conocen demasiados detalles, más allá de las 12 medidas generales– el responsable de Seguridad matizó que éste es un «documento abierto». Ese «borrador» será contrastado en los próximos días mediante una ronda de contactos con representantes institucionales, de la judicatura, el tejido asociativo y los comerciantes.

De hecho, una de los puntos que plantea es establecer un canal de comunicación «inmediata» entre la Policía Local y el sector comercial. Este programa especial se mantendrá «hasta que acaben los robos con violencia o hasta que haya índices aceptables».

En él también se propone un «aumento progresivo» de la videovigilancia (ahora hay 17 cámaras operativas en el centro urbano), «desarrollar un registro de inmuebles ocupados para focalizar la vigilancia» o más presencia policial en fiestas de barrios.