Añibarro admite «errores» en la cesión de un local para una academia de la Vital tras un recurso de Omnia
El grupo de la oposición acusaba al alcalde de actuar por «favoritismo». El proceso de adjudicación vuelve al punto de partida
La cesión del local que ocupó hasta el mes de mayo la oficina foral de Hacienda en la Herriko Plaza a la Fundación Vital Idiomas ... empezará de nuevo su tramitación desde cero en el Ayuntamiento de Llodio. El alcalde, Ander Añibarro, anunció la decisión tras reconocer ayer que «ha habido unos cuantos errores de procedimiento» en la entrega de estos espacios. Lo hizo tras asumir la alegación presentada por Omnia en el mes de agosto contra el proceso.
En el texto de la alegación al que ha tenido acceso EL CORREO, Omnia pide la nulidad de la cesión porque no se habían respetado los requisitos mínimos legales. «No existe ninguna solicitud por parte de la Fundación Vital», explicó el portavoz de este grupo, Álvaro Barrios. «Ni está justificado que vaya a suponer alguna ventaja para la ciudadanía, dado que los precios son incluso superiores a los de las demás academias locales», argumenta su recurso. Tampoco hay «memoria demostrativa de los fines que persigue», con lo que, a su entender, se hace por «favoritismo». Barrios añadió que «sería el equivalente a entregar una subvención porque le comentaron la solicitud por teléfono al alcalde o al técnico de turno».
Competencia desleal
Durante las obras de acondicionamiento de los locales, aparecieron pintadas en las vallas protectoras acusando de «competencia desleal» al proyecto. Omnia también argumenta que existe un trato desigual respecto a otras entidades, dado que la cesión de locales se hizo sin publicidad ni exposición pública y que en el momento en el que se adoptó el acuerdo, «ni siquiera existía un convenio que garantice el interés público, ni un borrador» que recogiera los extremos de la cesión.
En esas condiciones, tampoco se podía exigir «la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil por las obras», que fueron «subvencionadas con 100.000 euros presuntamente otorgados por la Diputación de Álava», de lo que Omnia concluye que hubo «connivencia con otras administraciones gobernadas por PNV y PSE».
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