La Cuadrilla de Ayala «vulneró los derechos» de los independientes

La raíz de la demanda que los cuatro junteros presentaron al contencioso administrativo se sitúa en el mes de mayo de 2020. En aquel momento, como consecuencia de la pandemia, no se celebró el pleno ordinario de la Cuadrilla. La sesión se celebró el 17 de julio, pero no fue ordinaria, sino extraordinaria. Por tanto, no se permitió el debate de mociones ni la presentación de ruegos y preguntas, como pretendían Omnia, Aiara Batuz y Okondo Aurrera.

«Celebrar esta sesión hoy, no tiene sentido, sobre todo después de que esto le haya costado diez mil euros a la Cuadrilla, que han pagado los contribuyentes entre abogados y las dietas de esta sesión», explicó Álvaro Barrios, portavoz de Omnia, que señaló el importante coste económico que supone este tipo de acciones legales para los junteros que deciden emprenderlas porque «nosotros nos jugamos nuestro patrimonio», señaló. Insistió además en que «decidimos presentar la denuncia porque no es la primera vez que ocurre algo así».

La reacción del PNV fue de «apoyo total, inequívoco y contundente» a la presidenta, que insistió en que «no hemos actuado de mala fe, ya que se trató de una decisión técnica». El portavoz jeltzale, Gentza Alamillo, criticó la intervención de Barrios y calificó de «amenaza» sus palabras respecto a que adoptarían otras medidas si no hay una rectificación de la presidenta en el plazo de quince días. Alamillo insistió en que «acatamos la sentencia» y en que intervención de Barrios «me parece un despropósito», ya que calificó de «voceros» a los representantes de PNV y PSE. El socialista David Romero le acusó de «hacer demagogia».