«Aspace tiene un futuro difícil si no se le dota de recursos para continuar»

Aspace asesora y acompaña a los afectados por parálisis cerebral en Álava desde hace 30 años. /JESÚS ANDRADE
Aspace asesora y acompaña a los afectados por parálisis cerebral en Álava desde hace 30 años. / JESÚS ANDRADE

La Asociación de Parálisis cerebral y Alteraciones afines Aspace Álava reclama medidas a las Juntas Generales para que la congelación de sus convenios no ponga en riesgo sus programas

Judith Romero
JUDITH ROMERO

Son personas con un alto grado discapacidad que ven afectada su capacidad de movimiento y en ocasiones presentan otros trastornos. Su condición es irreversible y cambia su situación familiar para toda la vida y, a menudo, cada uno de los afectados necesita que otra persona le acompañe para desempeñar tareas del día a día. Los programas de apoyo a los 130 miembros de la Asociación de Parálisis cerebral y Alteraciones afines Aspace en Álava podrían sufrir recortes tras la congelación de los convenios de colaboración derivados de la prórroga presupuestaria de la Diputación. Los responsables de la asociación han comparecido en las Juntas Generales de Álava este viernes para explicar que esta situación podría poner en peligro su continuidad.

Este colectivo vulnerable suele residir con sus familiares y llevar a cabo grandes desembolsos para adaptar sus viviendas y vehículos además de comprar sillas de ruedas, que en ocasiones pueden estar valoradas en 12.000 ó 18.000 euros. «Sin embargo, se tienen en cuenta los ingresos de toda la familia a la hora de conceder las ayudas, algo que no siempre es justo», ha señalado Lourdes Altuna, coordinadora general de Aspace en Álava. Este colectivo «pequeño, pero con grandes necesidades» cuenta con un presupuesto de 453.000 euros, de los cuales el 18% procede de recursos propios. «Sentimos que ha habido un cambio en el modelo de gestión del Instituto Foral de Bienestar Social después de 30 años atendiendo a estas personas en el territorio», han lamentado sus responsables.

Los cambios introducidos por la Diputación en el servicio de bono taxi en febrero de 2018 dejaron fuera a los usuarios menores de 16 años, a quienes hubieran pedido ayudas para la adaptación de sus vehículos y a quienes tienen más de un 52% de discapacidad intelectual. Una quincena de las 42 personas que hasta entonces hacía uso de estos taxis para su movilidad en Aspace ha debido renunciar a ellos. «La gestión de las ayudas se ha vuelto desagradable, parece que se desconfía de las familias y esto hace que al final se resignen a no adquirir las sillas de ruedas que necesitan», ha afirmado Olatz Azkunaga, trabajadora social de Aspace. Estos profesionales -menos de una decena para atender a 130 usuarios- llevan una década con el salario congelado y la asociación asume parte del trabajo con voluntarios debido a la falta de ingresos. «Los usuarios son lo primero, y por eso hay que profesionalizar la labor de los voluntarios que nos apoyan en las actividades de verano», ha señalado Altuna.

Falta de trabajadores

El pasado mes de noviembre la gerencia del IFBS planteó una partida de 10.000 euros para que Aspace hiciera frente a algunas de sus necesidades. «Es una cantidad insuficiente, y ahora sabemos que tampoco podremos hacer uso de ella debido a la prórroga presupuestaria», apuntan desde Aspace, asociación que mantuvo su último encuentro con la diputada Marian Olabarrieta el pasado mes de septiembre. «No se nos tiene en cuenta para tomar decisiones, únicamente prima el aspecto económico y seguimos a la espera de una respuesta a nuestras demandas», ha afirmado su presidente Luis Miguel Martínez.

Aspace cifra los recursos que necesita para salir adelante y seguir ofreciendo un respiro a las familias y actividades de ocio y socialización a sus usuarios en una subida de al menos 48.000 euros. «Estamos luchando por nuestro futuro y se plantea difícil sin recursos para continuar», ha reconocido Altuna. Otras de las demandas de Aspace pasa porque «se nos deje de considerar parte del colectivo de la tercera edad». «Algunos de los afectados por parálisis cerebral son jóvenes y deben tener una vida normalizada, no es de recibo que en las residencias se les obligue a volver antes de las 20.00 para poder acostarse y cenar», han valorado.