Arrestan por «agresión sexual» al trabajador de la perrera de Vitoria investigado por acosar a cuatro voluntarias

Según fuentes de la investigación, este hombre -que fue derivado temporalmente a Aguirrelanda tras la denuncia administrativa de hasta siete voluntarias de la protectora Apasos por «mobbing y abusos sexuales»- abordó a esta víctima en una zona de baños naturales del término municipal de Zuia.

Pese a tener una orden judicial expresa desde finales de mayo que le impide acercarse a esta mujer, presuntamente la sometió a tocamientos de todo tipo, forcejeó cuando ella trató de quitárselo de encima. También le arrebató el teléfono móvil y se lo rompió. Probablemente para evitar que diera la voz de alarma.

Cuando la víctima pudo avisar, al cabo de unas horas, a la Guardia urbana, este hombre ya se había evaporado. Tiempo después, los agentes le localizaron en su casa, a las afueras de Vitoria. Fue detenido e imputado por una supuesta «agresión sexual». Ha pasado la noche en un calabozo de la comisaría de Aguirrelanda. Mañana martes pasará a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria.

De manera paralela a este supuesto nuevo ataque sexual, sobre este hombre se cierne otra investigación judicial. La Fiscalía le investiga por presuntos acosos sexuales a cuatro voluntarias de la perrera, todas pertenecientes a la asociación Apasos. También por episodios de 'mobbing' (como se conoce al acoso laboral) sobre un total de siete mujeres, todas adscritas a Apasos.

Según el relato de las víctimas, aunque los episodios presuntamente arrancaron en verano de 2018, no fue hasta septiembre del año pasado cuando se produjo el primer aviso a los responsables de la perrera. En mayo, hace dos meses, al no haber ningún tipo de movimiento por parte del Ayuntamiento, la protectora y estas siete mujeres interpusieron una «denuncia administrativa» en el Ayuntamiento. Ninguna dio el paso de acudir a la Justicia ordinaria. Al parecer, buscaban que fuera apartado rápidamente de la perrera. «Una denuncia penal hubiera tardado mucho más», señalaron fuentes de Apasos.

«Desde septiembre del año pasado», estas víctimas contaron sus casos -siempre por separado y sin conocer que no eran las únicas- «a los responsables» de la perrera municipal. Nadie hizo nada. Hubo que esperar al 26 de mayo, seis días después de que Apasos interpusiera la denuncia administrativa, e interna, para que el Gabinete Urtaran moviera ficha y trasladara al presunto agresor a otra instalación. Fue derivado a la comisaría de Aguirrelanda, donde realiza tareas de mantenimiento.

De hecho, cuando EL CORREO destapó el caso el pasado 5 de julio, la respuesta del equipo de gobierno municipal sobre si acudirían a la Justicia ordinaria fue la siguiente: «si como Ayuntamiento apreciamos un delito perseguible de oficio, por supuesto que lo denunciaríamos. Los servicios jurídicos ya tienen constancia del escrito. De todos modos, lo lógico es que a la justicia ordinaria acudan los denunciantes, si se consideran víctimas de delito». Al día siguiente, y quizá alentados por la polvareda provocada por el artículo, el Ayuntamiento de Vitoria denunció a la Fiscalía los hechos.

Apasos también interpuso una denuncia por «prevaricación» contra el concejal de Función Pública, el jeltzale Iñaki Gurtubai. Entiende la protectora que «entorpeció la investigación interna al dejar fuera del proceso a los dos jefes de la perrera que sabían lo que ocurría». En este proceso sólo está incluido el ahora detenido. La protectora cree que debe abrirse expediente a los responsables del centro animal de Armentia.

De manera paralela a este frente legal, la ahora última víctima sí interpuso una denuncia en la Policía Local el día 23 de mayo contra este hombre. Días después, un juzgado de Vitoria le impuso una orden de alejamiento sobre esta mujer. Ayer domingo, este trabajador municipal no sólo la quebrantó, sino que añadió una nueva acusación.