Arranca el juicio a los clientes de los menores tutelados por la Diputación de Álava que se prostituían

En principio, a eso de las 9.15 horas de mañana, diez ciudadanos con vidas aparentemente convencionales deberán sentarse en el banquillo de los acusados por sus presuntos pagos por sexo a estos adolescentes en situación vulnerable por aquel entonces. Según ha sabido este periódico, las defensas de hasta tres procesados alcanzaron el viernes un principio de acuerdo con la Fiscalía de Álava. Asumieron su culpa a cambio de una reducción de sus penas. En todo caso, ese pacto 'in extremis' deberá ser ratificado ante los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo.

Entre esos arrepentidos no figura el expsicólogo del Ayuntamiento de Vitoria experto en menores desprotegidos. Fue el único que ingresó en prisión preventiva debido a su cargo. Estuvo en Zaballa del 6 al 13 de diciembre de aquel convulso 2016. Desde entonces, como el resto de investigados, ha tenido que presentarse regularmente en el Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz.

Un undécimo imputado falleció durante la larga y compleja fase de instrucción. Y más de una docena –entre ellos, una mujer– quedaron fuera del foco de la investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción número 2, al no hallarse evidencias sólidas de su implicación.

Como recalcan fuentes policiales y judiciales, las víctimas –todas adultas ya– actuaron «por su cuenta». Jamás se han constatado indicios de estar sometidos al yugo de algún proxeneta. Pero, según apuntan los informes de la Ertzaintza y de Instrucción número 2, estaban coordinados, actuaban en red. Se escoltaban a la hora de ir a algunos servicios e incluso llegaron a negociar tríos. «No eran conscientes de que les estaban utilizando», aprecian fuentes de la investigación.

Se anunciaban en una página de contactos –en teoría restringida a mayores de edad– y cerraban sus encuentros sexuales en habitaciones de pensiones, pisos particulares o coches. En aquella época vivían en el Hogar Sansoheta, un centro foral reservado para jóvenes problemáticos y en el que se supone que les sometían a un seguimiento continuo.

El escrito del Ministerio Público refiere hechos tan graves como delitos continuados de corrupción de menores, abusos sexuales continuados, contra la salud pública (drogas) o exhibición de pornografía. En este sentido, la fiscal jefa de Álava, Carmen Cotelo, reclama de inicio un global de 214 años para estos sospechosos. La Diputación está personada como acusación particular a través del Consejo del Menor. Los padres de uno de los chicos que figura como perjudicado y los de otro relacionado han ejercido también ese derecho. De momento, nadie ha solicitado a la administración foral cantidad alguna como responsable civil. La asociación Clara Campoamor se reserva ese movimiento en función de «cómo transcurra el juicio».

La primera denuncia data del 5 de abril de 2016. La madre de uno de estos adolescentes alertó a la Policía Local de que podría «estar manteniendo relaciones sexuales a cambio de dinero o actuando de intermediario». Dos días después lo hizo una educadora en la Ertzaintza. Ambas vías naufragaron por la desaparición del chico. Seis meses después, a finales de octubre, la Diputación volvió a la comisaría de Portal de Foronda, sin que trascendiera nada hasta que en noviembre, este periódico lo sacó a la luz. Ese mismo mes, al poco de estallar el escándalo, la gestión de Sansoheta cambió de manos. Pese a ello, los hechos delictivos se siguieron produciendo hasta «enero de 2017», especifica el sumario.

Hoy, todas las víctimas son ya adultas. El centro foral –que costó casi dos millones de euros– permanece vacío desde el pasado mes de abril. En próximas fechas arrancarán las obras para convertirlo en una residencia para personas con discapacidad intelectual. Los menores tutelados por la Diputación viven ahora en pisos anónimos en la ciudad para evitar la estigmatización.