Álava prevé que la violencia machista repunte y alerta de la «vulnerabilidad» de las inmigrantes

«A tenor de la evolución registrada en el periodo más reciente, no se espera que la prevalencia (proporción) de las situaciones de violencia machista se reduzca de cara a 2030», considera el documento enviado en la última semana por el Departamento de Políticas Sociales, que encabeza el diputado Gorka Urtaran (PNV), a los grupos de las Juntas Generales. Un trabajo suscrito por la prestigiosa Fundación Eguía-Careaga, que analiza las áreas de personas mayores, discapacidad, menores, violencia machista y vulnerabilidad de la administración foral, y que servirá como 'hoja de ruta' para que la provincia se vaya preparando de cara a los nuevos retos que tendrá que afrontar en el futuro más próximo.

En el caso de la violencia contra las mujeres se plantea evaluar «la posibilidad de establecer metas de cobertura más ambiciosa», o lo que es lo mismo, contar con más centros 'ad hoc' para darles cobijo. Precisamente, en esa dirección se encuentra el centro para víctimas de violencia sexual Tximeletak, que abrió hace poco más de un año y que ya ha atendido a 211 mujeres.

Además, el informe explica que a nivel global -más allá del caso concreto de Álava- se ha puesto de manifiesto que los actuales sistemas de atención y apoyo suelen presentar «importantes limitaciones de cara al colectivo, por razón de múltiples factores» como «las barreras lingüísticas y culturales, el miedo y la desconfianza que sienten muchas de las mujeres hacia las fuerzas del orden e instituciones, y la ausencia de una red de apoyo informal, que obstaculiza la detección y el acceso a los recursos de ayuda». Y es que ellas normalmente carecen de ese respaldo o vínculos sociales por el que muchas mujeres locales afortunadamente se animan a plantar cara y denunciar a sus agresores.

En el apartado de menores se detecta que, pese a que la tasa de población entre 0 y 17 años se vaya a hundir un 9,8% por la imparable caída de la natalidad, el riesgo de desprotección se mantiene «constante» y parece «improbable» que vaya a disminuir en los próximos ejercicios. Algo ciertamente llamativo, porque lo lógico hubiese sido que se redujese esa presión al haber menos niños en la provincia. Pero no va a suceder eso. Como justificación se apunta al incremento de las familias monoparentales y de la población de origen extranjero, que cuentan «con redes de apoyo informal por lo general más débiles y en una situación socioeconómica más precaria».

Eguía-Careaga también apunta hacia la «concentración de las situaciones de pobreza en los hogares con hijos menores a cargo» sobre todo como consecuencia del creciente coste de la vivienda, que considera que está «generando situaciones de dificultad económica que inciden de forma directa en los procesos de pobreza y exclusión social».

Así, se espera que en 2030 haya 2.443 chavales en riesgo de desprotección. Es decir, un niño o un adolescente que -según la definición técnica- «no tiene cubiertas sus necesidades básicas, o se encuentra en riesgo de sufrir daño físico o emocional como consecuencia de la negligencia o el maltrato por parte de sus padres o tutores». Pero los autores del estudio avisan de antemano que existe «una dificultad doble» para proyectar con exactitud esta evolución y avisan que tal vez no atinen con este cálculo. Por una parte, por los «diversos y cambiantes» factores que puede generar esta situación y, por otro, debido a la imposibilidad de vaticinar el flujo en la llegada al territorio histórico de menores extranjeros no acompañados (los popularmente conocidos como 'menas').

La Fundación también señala a la inmigración en el caso de la exclusión social, es decir, personas que atienden las instituciones por sentirse marginadas de la sociedad y no pueden participar plenamente en la vida social, económica y política. Son gente que vive en la calle -donde se admite que ha existido un «notable» aumento en los años posteriores a la pandemia- o no, pero que sufren una falta de acceso a recursos básicos, como pueden ser la educación, el empleo, la vivienda, la atención médica... El cálculo es que en 2030 haya 171 personas en esta situación o en riesgo de caer en ella, una cifra «ligeramente más alta que la actual», que ahora está fijada en 165. «Dada la naturaleza particularmente compleja de este tipo de problemáticas, se aventura especialmente complicado pronosticar la evolución de las situaciones de exclusión social en el corto-medio plazo», se justifica en caso de que la previsión resulte corta.

Los «déficits de cobertura» que pueden existir en la actualidad se van cubriendo con la transformación del actual centro Abegia situado en Armentia -hasta ahora estaba especializado en pluripatologías, trastorno mental y toxicomanías- para disponer de catorce plazas residenciales y otras diez de centro de día para este colectivo. Hasta la fecha se dispone de catorce plazas en la casa de acogida Besarkada Etxea, que la Comisión Antisida gestiona en el barrio de Lakua-Arriaga, y cuatro -dos hombres y otras tantas mujeres- con la novedosa metodología Housing First. Este último programa se implantó a finales de 2023 en Álava como una experiencia piloto. Ahí participan quienes han fracasado en el resto de itinerarios que se les ha ofrecido por parte de las instituciones para reintegrarse en la sociedad, como última posibilidad.