Álava pide al Gobierno central solucionar las largas esperas por el nuevo criterio para evaluar la discapacidad
Las Juntas Generales aprueban una iniciativa del PP para detectar las las necesidades de este nuevo sistema que ha provocado retrasos por encima de los siete meses
El nuevo criterio para determinar el grado de discapacidad no está resultando eficiente. Con su puesta en marcha, en abril de 2023, los tiempos de ... espera en los servicios sociales de Álava se dispararon hasta superar los siete meses, casi el doble de lo que venía siendo habitual hasta la fecha. Una situación tan evidente que ha puesto de acuerdo este miércoles al PNV, EH Bildu, PSE y PP (grupo proponente de la medida) en las Juntas Generales para que el Gobierno central -responsable de la implantación de este nuevo sistema- elabore un «informe de seguimiento y evaluación del baremo« con el fin de «estudiar y evaluar si las expectativas de flexibilidad, accesibilidad y agilidad se cumplen, así como detectar sus necesidades».
Un informe que también deberá incluir medidas «que agilicen la aplicación» de este criterio. Y es que la valoración se ha complejizado en exceso al tener que cruzar cuatro baremos: uno global de la deficiencia de la persona, otro que analiza las limitaciones en la actividad, el siguiente sobre la restricción en la participación del demandante y el último que se dedica a examinar los factores contextuales y las barreras ambientales. Los colectivos de personas con discapacidad reclamaban un nuevo criterio que se ajustase a los que existen en la UE, pero ante los resultados no han dudado en alzar la voz.
Conscientes de estas reclamaciones, el PP ha trasladado este asunto al Pleno de las Juntas Generales. Allí, la juntera Elisabeth Ochoa de Eribe ha señalado que «ha habido 928 personas que han solicitado esta valoración y 152 personas van a perder una serie de beneficios fiscales como la reducción en el IRPF, o en los vehículos, o en la circulación, o descuentos en las pensiones por ser el grado inferior al 22%. En definitiva, se están perdiendo ayudas para un colectivo«.
Rakel Vicario (PNV) ha explicado que «hay 25.000 personas con discapacidad en Araba y se han dado retrasos en el tiempo medio de espera para la valoración», a causa de que «la nueva herramienta es mucho más compleja y más certera en las valoraciones, con lo que conlleva más tiempo a la hora de aplicarla». Eva Jiménez, del PSE, ha abogado por «elaborar un informe de seguimiento y evaluación para estudiar si las expectativas de flexibilidad, accesibilidad y agilidad se cumplen».
La juntera de EH Bildu Claudia Venceslao ha criticado «la falta de formación, información y planificación de las administraciones públicas vuelve a dejar todo el peso a las profesionales del equipo de valoración de discapacidad». Una situación que como ha explicado la juntera de Elkarrekin Begoña Seco -cuyo grupo se ha abstenido- se ha empezado a solucionar con la aplicación de nuevas medidas en los últimos meses.
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