Álava paga 85.188 euros por cada plaza foral de residencia y 4 veces menos en las concertadas

El Departamento de Políticas Sociales, que dirige el diputado Gorka Urtaran (PNV), ha calculado que cada año se tienen que dedicar 85.188 euros por usuario para sufragar el servicio que se le presta en las residencias forales, eso descontando el copago que aporta cada interno. En el caso de los geriátricos de gestión indirecta, según los datos remitidos al grupo de Vox y a los que ha tenido acceso EL CORREO, la Administración foral aporta 31.553 euros por cada plaza y por las concertadas, 19.875 euros. En total, en base a los datos de 2023, la Diputación dedica cerca de 60 millones para cubrir estas necesidades. Por lo tanto, el mantenimiento de una plaza de carácter público le cuesta a la institución alavesa más del doble que una en Ariznabarra, Arabarren o Pablo Neruda y el cuádruple que en una concertada.

¿A qué se debe semejante diferencia entre los costes ? La principal razón es que el servicio en los equipamientos que gestiona la Diputación se proporciona con funcionarios del Instituto de Bienestar Social (IFBS) con unos salarios y unos derechos laborales superiores al resto del sector, y una tasa de absentismo que ronda «entre el 15% y el 17%». Además, en el caso de los geriátricos públicos siempre se busca cubrir el 100% de las bajas o las vacaciones y eso, por ejemplo, obligó el pasado verano a firmar más de 4.000 contratos de sustitución. Un gasto más que engorda el coste real.También influye que la ratio de atención –es decir, el número de trabajadores por cada interno– en los centros forales sea sensiblemente superior a las concertadas. Prácticamente se duplica la cifra de profesionales de enfermería, así como de los gerocultores. En el IFBS hay cuatro enfermeras por cada módulo de 50 internos –dos en turno de mañana, una por la tarde y otra por la noche– y nueve auxiliares por cada 25 mayores –cinco a primera hora, tres en horario vespertino y una mientras la mayoría duerme–. Un servicio personal y cercano, que incluso es más intenso en aquellos casos en que lo necesitan los usuarios por su estado de salud, como las unidades psicogeriátricas.

El acuerdo marco suscrito entre la Diputación y las residencias privadas fija que la ratio de atención de la red concertada debe ser, como mínimo, de la mitad de las públicas. ¿Qué lleva que una persona acabe en una plaza pública, en una indirecta o en una concertada? El IFBS dispone de una lista de espera que, según los últimos datos publicados por este periódico, asciende a 294 ciudadanos. Esta se ordena en función del grado de dependencia, el tiempo que llevan aguardando y, en algunos casos, su grado de vulnerabilidad. Cada familia fija previamente sus preferencias sobre el tipo de plaza, su ubicación geográfica o incluso la residencia concreta a la que quieren entrar, y se les va llamando a medida que quedan huecos libres.

Quienes hacen uso de alguna de estas 1.029 plazas públicas son personas con unos grados de dependencia II –es decir, una dependencia severa– y III, con pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o de carácter sensorial. Mientras esperan la llamada de la Diputación, muchos se ven obligados a hacer uso de los geriátricos privados, donde una habitación individual en Vitoria para una persona que necesita una atención continuada fluctúa entre los 3.300 y los 3.900 euros mensuales. Estas personas pueden cubrir parte de ese enorme gasto con una ayuda foral denominada prestación vinculada al servicio (una PEVS), que supone 575,30 euros en el caso de un grado I, los 911,90 euros en el tipo II y los 1.133 en el III.

Entre los planes más próximos de la Diputación no aparece la construcción de ninguna residencia pública. Zadorra fue la última 100% pública que abrió en 2013 en el barrio vitoriano de Abetxuko. La idea del Gobierno foral es reproducir el modelo de cooperativa de iniciativa social que se puso en marcha a principios de 2023 en Arabarren (Lakua) y así lo hará en el próximo geriátrico previsto en el barrio de Salburua, entre las calles Nadine Gordimer y la Avenida de Bruselas, que aún no tiene fecha de apertura.

En sus intervenciones, Urtaran ha abogado por fomentar la concertación para tratar de dar respuesta a la creciente demanda y así seguir la estela de Bizkaia y Gipuzkoa, donde históricamente se ha hecho una mayor apuesta por ese modelo.