Álava impulsa la recogida orgánica cuando apenas convierte en compost el 2% de la basura

El tiempo apremia. Los objetivos mundiales de desarrollo sostenible (ODS) decretan que para 2030, antes de ocho años, al macrobasurero de la capital alavesa sólo puede llegar un 15% de los residuos que salen de hogares, comercios y bares. El resto debe reutilizarse. En el caso concreto de la basura orgánica, cada ciudadano ha de hacer un esfuerzo diez veces superior. La mitad de todo lo que se arroja a los contenedores debe ser sólo desecho 'marrón', correctamente separado y en bolsa biodegradable.

Con otras cifras: cada alavés genera 400 kilos de desperdicios al año y ahora mismo sólo 22 sirven para abonar el campo, según datos que maneja el Departamento foral de Medio Ambiente. Se trata de que más de la mitad de todo eso, esto es, más de 200 kilos por cabeza, sean orgánicos puros para 2030.

¿Dónde acaban ahora? En el contenedor gris, mezclados con todo lo inimaginable. La mitad de lo que hay en las bolsas de la denominada fracción de resto, que supone el 65% de todos los residuos domésticos de los alaveses, es orgánica. No debería estar ahí, pero al ciudadano parece que le de igual. O carece de sensibilidad ambiental o lo que le pasa es que no tiene información y no sabe cómo actuar. O las dos cosas.

El colectivo ecologista Gasteiz Zero Zabor fiscaliza desde hace unos años la gestión que las instituciones alavesas hacen de los residuos, un tema que cuesta decenas de millones de euros a las arcas públicas entre recogida, transporte y tratamiento. Es crítico con el papel desempeñado por la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Vitoria. Habla de «escasa capacidad de recogida», de «dejadez» y de «falta de voluntad de solucionar la recogida selectiva y tratamiento adecuado de los residuos orgánicos». «Podríamos estar en tasas de reutilización y reciclaje del 55% o el 60%, pero durante una década no se ha hecho nada».

La clave, señala Iosu Aranberri, de Gasteiz Zero Zabor, está en ese «47%» de materia 'marrón' que acaba en el contenedor gris «y que se podría recoger, tratar y convertir en compost de alta calidad si se hiciera una diferenciación desde el principio, desde casa».

Vitoria vira lentamente. Ha instalado composteras comunitarias en Lakua, Zabalgana y Salburua y ayuda a los particulares que tienen hueco en sus jardines a montar las suyas. Además, ha empezado en Lakua a implantar los 873 los contenedores marrones con chip que extenderá por toda la ciudad y con los que pretende premiar con un descuento en la tasa de basuras a quien mejor lo haga. Y cada vez son más los concejos que intentan cumplir los ODS y compostan sus desechos a pequeña escala.

Gasteiz Zero Zabor, que defiende la recogida puerta a puerta, recuerda que tiene que haber una ordenanza que respalde los descuentos. Mientras, otra de las incógnitas que se plantea es la de qué va a pasar con la basura orgánica seleccionada en origen si aumenta exponencialmente, ya que la actual planta de tratamiento mecánico biológico (TMB) de Júndiz no tiene capacidad para asumir un gran incremento, tal y como se recoge explícitamente en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Álava (2017-2030), entre otras cosas «por limitaciones de espacio».

La planta de TMB comenzó a funcionar en 2006 tras una inversión de 25 millones de euros de los que el 80% salió del Ayuntamiento de Vitoria y el resto de la Diputación. Recibe las fracciones de resto y de orgánico de Vitoria y las cuadrillas. Las bolsas del contenedor gris, que copan el 65% de todo lo que se desecha, se criban para tratar de reutilizar más material, pero la mitad del contenido se rechaza y acaba en el vertedero, unas 45.000 toneladas al año. Con una parte de lo orgánica se hace biogás y sólo un 2% de toda la basura que se genera en Álava (apenas 3.000 toneladas) acaba reconvertida en compost. Por cierto, una parte se ha empleado este mismo año en la restauración paisajística del entorno del centro de servicios de Júndiz.

La Diputación, por su parte, ha contratado a la ingeniería Idom para que diseñe una planta para el tratamiento del 'biorresiduo' recogido selectivamente (para su compost) y otra para todo lo que se rechaza tanto en la planta de TMB como en la de envases de Júndiz. Para esto último se sopesa abrir en la misma zona -la agencia municipal Gilsa ha reservado ya una parcela- una instalación contigua que convierta todo tipo de residuos en energía (posiblemente hidrógeno verde) mediante pirólisis.

La planta de compostaje debe permitir el tratamiento de 24.000 toneladas al año de fracción orgánica y la segunda, denominada de biosecado, ha de valorar otras 36.000 de material de rechazo. Se estima que costarán unos 35 millones de euros, que se empezarán a construir en el primer semestre de 2023 y que no estarán en funcionamiento hasta 2025, según la respuesta que el diputado de Medio Ambiente, Josean Galera, ha dado recientemente al portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales, Kike Fernández de Pinedo. Él es partidario de que la gestión de esas plantas sea pública, algo que también defiende Damián García-Moreno, de Elkarrekin.

Fernández de Pinedo admite que «cambiar los hábitos de la población cuesta» pero cree que las cifras se podrían mejorar con otra fiscalidad, con gravar más a las grandes superficies, con crear empleo verde - «se puede contratar a 216 agentes para que vayan puerta a puerta a explicar cómo se recicla lo orgánico»- y con infraestructuras. «No se ha cumplido nada de lo aprobado en 2017».