Álava se enfrenta al desafío de cambiar el modelo en crisis de las residencias privadas

El sector se enfrenta a un panorama poco alentador del que la Administración foral no es ajena. Los centros privados atienden a 2.240 mayores del territorio, es decir, el 63,25% de los 3.557 internos que hay en la provincia. Ahí, la Diputación tiene concertadas 292 plazas para cubrir los cuidados que no logra dar a través de las 1.302 plazas públicas. La situación se complicará aún más con el envejecimiento de la sociedad, ya que la generación del 'baby boom' (los nacidos entre 1946 y 1964) se acerca a la edad de jubilación, y pronto el 26,72% de la población tendrá 65 años o más, lo que generará una mayor demanda en el sector de cuidados.

Aun así, la Diputación no tiene entre sus planes inmediatos construir ninguna residencia a cuenta propia. Zadorra fue la última 100% pública que abrió en 2013 en el barrio vitoriano de Abetxuko. La idea del Gobierno de Ramiro González es reproducir el modelo de cooperativa de iniciativa social que se puso en marcha a principios de 2023 en Arabarren (Lakua) y así lo hará en el próximo geriátrico previsto en Salburua, que se anunció hace cuatro años y sigue sin fecha de inicio de obra. A partir de ahí, el resto de necesidades se seguirán cubriendo a través de la concertación.

En este contexto, los geriátricos privados se convierten en una especie de 'antesala' hasta recibir la llamada de la Diputación para acceder a una plaza pública u otra de tipo concertado, donde sólo tienen cabida aquellos con mayores grados de dependencia. Todos prefieren que sus familiares accedan a una foral, aunque la espera se haya disparado por encima de los once meses y ya haya 294 personas engrosando sus listas. Es cierto que el acceso en las privadas es casi inmediato porque su grado de ocupación ronda entre el 80-85%, pero hay que pagar entre 3.300 y 3.900 euros mensuales por una habitación individual, lo que hace que la gente recurra a ellas cuando no se puedan seguir prestando los servicios en casa.

Los responsables de las residencias no ocultan que su sector vive momentos complicados de crisis, y sobre todo se está cebando con aquellos centros más pequeños que tienen un menor margen de beneficio. Josu Alda, representante de la patronal ACRA que engloba a los pequeños y medianos centros de la provincia, denuncia que a todos se les está exigiendo desde el Gobierno vasco una serie de servicios de medicina, fisioterapia, psicología, animación sociocultural y, entre otros, trabajo social sin importar cuál es su realidad concreta, ni la idiosincrasia alavesa, con centros de menores dimensiones que los otros dos territorios. Sin excepción.

Los equipamientos más grandes de la provincia no perciben problemas: tienen más margen para contratar esos perfiles. Pero entre los más pequeños se convierte en una misión prácticamente imposible hasta el punto que hace meses reclamaron a Osakidetza que permita a sus residentes que pasen consulta en los centros de salud. Aún no han obtenido respuesta.

Además, se da la circunstancia de que en Álava no se podían concertar hasta ahora plazas con residencias de menos de 40 usuarios, lo que dejaba fuera a 50 de 65 centros. Se beneficiaba a las de mayor tamaño. En la próxima modificación del reglamento, se pretende rebajar el tope mínimo a 20 plazas para que sobre todo puedan acceder centros de la zona rural que, en cualquier caso, deberán disponer de buenas condiciones de trabajo y mejorar las condiciones que fija el convenio estatal que ahora se trata de dejar atrás en la negociación entre la patronal y los sindicatos.

«Para el modelo alavés supone una amenaza que aterricen grandes promotores. En el momento en que en una ciudad como Vitoria abre un centro con 120-130 plazas, pues el nivel de ingresos en el resto de los geriátricos cae en picado», constata Alda.