Agentes culturales y políticos defienden la gestión conjunta de iglesias restauradas con dinero público

«Aunque la polémica se ha suscitado en este momento, por la negativa del Obispado a la grabación de escenas de una película en la Catedral de Santa María, esto no es lo relevante», cuestiona la número 2 de la Diputación. «Se trata de un hecho que nos lleva a reflexionar y también a decidir cómo debemos regular las inversiones públicas en el patrimonio religioso, que se hace con dinero de cada ciudadano, para que también sea disfrutado su uso cultural y patrimonial por todos/as», reflexiona la política del PSE. «Cuando se destina dinero público al patrimonio religioso y hablamos de mucho, como es el caso de los 50 millones de euros subvencionados por la Diputación, el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno de España a la restauración y conservación de la Catedral de Santa María, los socialistas entendemos que debe darse de forma preferente su uso cultural, fijando los horarios de uso religioso», asegura. En consecuencia, dice, «consideramos que a partir de ahora deberá figurar en la concesión de ayudas el uso regulado de las diferentes actividades que puedan desarrollarse en estas infraestructuras de patrimonio religioso y cultural, y así no se vuelvan a generar problemas», concluye.

«Cabe esperar una colaboración activa que facilite el desarrollo de la producción cinematográfica por parte de todos los agentes», sugiere la recién elegida presidenta del PNV en Álava. «Es obvio que este tipo de actividades puede generar incomodidades en el día a día pero debe primar el interés general. Si las administraciones públicas están realizando grandes inversiones para el mantenimiento y la conservación de los espacios propiedad de la Iglesia, también deben tener derecho a codecidir sobre su uso haciéndolo compatible con la práctica religiosa. El esfuerzo público inversor tiene que revertir al conjunto de la sociedad alavesa, si es preciso también a modo de película que promocione Álava y genere retornos económicos en el futuro».

«El caso que nos ocupa es una cuestión anecdótica, menor», arranca el historiador acerca de su parecer sobre el debate planteado. Ahora bien, también asegura que «lo lógico es que si pagamos de lo público, sea lo público el que en parte pueda determinar qué se hace en lo privado. Pero sería todavía más lógico y más claro que se deslindasen los campos y que la Iglesia católica fuera una entidad privada soberana por completo de sus propiedades, pero sostenida exclusivamente con el óbolo de sus partidarios, los católicos, y no con el dinero de todos los ciudadanos y del Estado». Rivera prosigue con su revisión de las cosas. «Este modelo se desarrolla en países como Francia y no habría ningún problema para que fuera así en España», mantiene su visión histórica. «El único problema es el Concordato de 1953 y sus posteriores renovaciones. Igual en 2024 ha llegado el momento de plantearnos ese tipo de relación tan decimonónica».

Para Gonzalo Arroita, que como exdirector de la Fundación Catedral Santa María lideró la eclosión del templo gótico y del casco medieval, en este desencuentro entre las instituciones y el Obispado «la clave está en los equilibrios». «Si el 'Abierto por Obras' consiguió los más altos reconocimientos del patrimonio europeo y mundial fue porque trabajó cada día los equilibrios. Entre lo civil y lo religioso, entre lo científico y lo divulgativo. También entre los distintos credos políticos que lo apoyaron con decisión. Entre las importantes inversiones y los enormes retornos en conocimiento, historia, desarrollo económico y social, orgullo e imagen de ciudad… Incluso entre las visiones, especialidades y egos de los profesionales que allí trabajaron, referentes cada uno en lo suyo», reflexiona el actual consultor de Naciones Unidas y Cátedra Unesco. «La Fundación Catedral Santa María está en magníficas manos y es perfecto lugar de encuentro de instituciones e Iglesia para que siga ofreciendo la mayor rentabilidad social», afirma.

«Imagino que si ofendes a la Iglesia, puede haber algún problema, pero en nuestro caso, con la grabación de 'La pequeña Suiza', tuvimos toda la libertad para hacer lo que quisimos», comenta el director y profesor de Historia del Cine y otras Artes Audiovisuales en la Universidad del País Vasco. «Desde las primeras localizaciones en las que planteas rodar hasta donde finalmente se graba, puede haber grandes cambios por las circunstancias. Los productores hablaron con el Obispado y no hubo mayor problema», zanja el profesor.

«El patrimonio de Araba es patrimonio de todos los alaveses aunque esté en manos de la Iglesia y, como tal, tiene que estar accesible para todas las personas. Es responsabilidad y obligación legal, además, del Obispado mantener ese patrimonio y no es de recibo que siga chantajeando a las instituciones», censura. Recuerda que «la iglesia del 3 de marzo está en un estado lamentable a pesar de su valor artístico y cultural», por lo que reclama más atención.

«La inversión en recuperar el patrimonio histórico y religioso es muy positiva», entiende el líder de los populares en Álava. Desde su punto de vista, «la Catedral Vieja y las iglesias son el gran reclamo turístico y cultural de Álava y eso supone un gran retorno económico para nuestro territorio». Pero para Oyarzabal, la polémica generada «no tiene ningún sentido». «Las instituciones pueden buscar el entendimiento con la Iglesia mediante el diálogo y la colaboración. Pero no podemos olvidar que son lugares de culto».

«Siempre hemos trabajado desde la libertad de decisión intentando alcanzar acuerdos respetuosos y beneficiosos para todas las partes implicadas, ya sean espacios públicos o privados. Al final son los propietarios quienes tienen la última palabra, y es esencial llegar a un entendimiento respetando el uso habitual de los espacios y tratando de interferir lo menos posible en su día a día», explica esta pionera del cine de animación, ganadora de dos premios Goya y directora de Apika (Asociación de Productores Audiovisuales Independientes de Euskadi), una entidad clave para el desarrollo del sector audiovisual en el territorio.

Aunque evita valorar directamente la polémica en torno a la película 'Sacamantecas', Ruiz de Austri conoce bien las dificultades que enfrentan las productoras, no solo en dependencias eclesiásticas. «Hay situaciones de todo tipo. Por ejemplo, restaurantes que rechazan alquilar sus locales tras leer la sinopsis de una película porque consideran que el mensaje puede contradecir la imagen que quieren proyectar. También hemos visto negativas en rodajes en iglesias y la última de la que tenemos constancia es la del Ayuntamiento, que no concedió permiso para hacerlo en una comisaría y sus calabozos porque podía interferir en su funcionamiento habitual». A pesar de esto, subraya el momento «muy positivo» que atraviesa el sector audiovisual en Álava.

«La Diócesis de Vitoria siempre ha estado muy abierta a colaboraciones tanto en cuestiones de patrimonio como en conciertos o rodajes. Se han hecho muchos en emplazamientos, siempre con una actitud muy abierta. Cuando hay ayudas puede haber contrapartidas, pero deben conocerse desde el principio. Muchas de ellas no son sólo materiales; hay un impacto indirecto del patrimonio religioso y de su reclamo turístico en hostelería, comercio… Con los rodajes pienso que tiene que haber un equilibrio entre ese uso de los espacios y el que les es habitual», declara el historiador. Pone ejemplos. «Ocurriría igual si se pidiese grabar en el Palacio de la Provincia o en el salón de plenos del Ayuntamiento. Tiene que haber acuerdos, pero en los que todo el mundo tenga voz. Es lógico que la Iglesia quiera saber qué se hace en sus locales. Del mismo modo que no se toleraría en espacios de las instituciones una película racista o que promoviese la violencia contra las mujeres. La Iglesia tiene unos valores humanos y cristianos, por lo que lo lógico es que se permitan películas 'normales'. En el caso concreto de 'Sacamantecas' parece que todo ha sido más un malentendido».

Autora de más de veinte novelas, es una de las escritoras que más ha plasmado la historia de la ciudad en diferentes etapas. 'La calle de la Judería', 'Y todos callaron', 'El mensajero del rey' o 'A la sombra del templo' son algunos de sus títulos más representativos. La escritora considera «lógica» la propuesta de la Diputación de Álava para dar un uso cultural a las iglesias reformadas con dinero público. «Habría que recordar que los templos de Vitoria-Gasteiz y Álava se construyeron con el dinero de los alaveses. La Iglesia no es la propietaria de los mismos; es únicamente la administradora de un bien común», sostiene. Y añade: «Si se arroga su propiedad absoluta e impide su uso para temas culturales y ciudadanos, quizás sería hora de pensar en retirarle los millones pagados con los impuestos de creyentes y no creyentes que anualmente recibe de las instituciones».

«Bienvenido sea el debate», celebra Ander Gondra, responsable de Álava Medieval. El colectivo conoce bien el patrimonio de las 700 iglesias en Álava, a las que organiza recorridos y visitas. Apuesta por «evaluar fórmulas distintas en las que la propiedad pudiera ser conjunta». Pone como ejemplo Francia, donde «todos los templos son propiedad del Estado y están bien conservados». En esa línea sugiere que «lo ideal sería una propiedad conjunta y compartida». «El problema no está solo en un tejado, es de las dos partes, deben involucrarse con asesoramiento de expertos». Desde el colectivo, que tiene un convenio y una «buena relación» con la Diócesis, sí subrayan que el uso «no debe resultar chocante con la cuestión religiosa. Se le tiene que poder dar un uno distinto respetando el primero». Sobre el recorte a la mitad por parte de la Diputación de la inversión en reformas para la Iglesia, es «una lástima» para Gondra. «El volumen de templos es tal que si ahora es preocupante, más adelante se va a agravar». «Nuestra prioridad es el patrimonio. Entendemos que el fin de las iglesias primero es el culto, pero siempre ha ido de la mano de la pata artística».

«Si se aporta dinero público al mantenimiento de nuestro patrimonio histórico, ya sea religioso o no, es por el valor artístico y cultural del mismo, y porque dicho patrimonio no sólo puede, sino que debe, revertir en beneficio de la sociedad. El empleo sensato y sostenible de nuestro patrimonio es deseable que sea susceptible de su uso para actividades que beneficien al conjunto de la ciudadanía, y no ceñir la capacidad de decisión sobre el mismo a instituciones religiosas, o exclusivamente para uso religioso», reflexiona.

«Respaldamos la decisión del Obispado de querer conocer qué se va a grabar o qué uso se va a hacer de sus instalaciones para eventos culturales y entenderíamos que no cediese ninguna tras el ataque que ha sufrido por parte de la Diputación», dice tajante el político. «La reducción de 100.000 euros en los presupuestos destinados a la restauración de inmuebles y bienes de valor religioso no es más que otra muestra de la obsesión de la izquierda por atacar a la Iglesia».

La asociación cultural Raíces de Europa ha organizado programas de conferencias en espacios como el aula San Pedro y desarrollado iniciativas como Ermitaraba, unas rutas por iglesias de la provincia que suelen permanecer cerradas. «Raíces de Europa siempre animará a encontrar puntos de diálogo y colaboración entre todas las instituciones en busca del bien común, y por supuesto entre la Diócesis, Diputación y Ayuntamiento », comenta Alipio. «Siempre hemos encontrado apoyo por parte del Obispado para nuestros proyectos, y nunca nos han negado acceso a sus dependencias salvo que estuvieranreservadas», concluye.

«Nosotros llegamos a un acuerdo con el Obispado y con el Vaticano para la utilización de los espacios religiosos en la Catedral cuando yo presidía la Fundación. Ese acuerdo fue pionero en establecer un pacto para que se pudieran hacer actividades en los espacios religiosos. La primera actividad cultural que se hizo fue con 'El Brujo', que me llamó mucho la atención porque era bastante irreverente», relata la exdiputada foral. «Estamos en el siglo XXI, hay otros países como Francia donde todo el patrimonio eclesiástico pertenece al pueblo porque fue construido por el pueblo. Las instituciones públicas allí son las propietarias de los edificios religiosos. Aquí sigue siendo propietaria la Iglesia. Me parece que el Obispado debe reconsiderar su postura. No creo que deba controlar absolutamente qué se hace si cede los espacios. Siempre que se haga con tacto», agrega. «Creo que hay que tener más altura de miras y que hay que intentar conciliar una cosa con otra. El nivel de inversión pública ha sido altísimo y lo seguirá siendo. Lo mínimo es una convivencia sana».

«Los condicionantes de cada infraestructura dedicada al patrimonio cultural son diferentes y deben ser tenidos en cuenta», señala la directora de Artium. Y lo pone como ejemplo. «Siempre ha colaborado con proyectos muy diversos, entre ellos los vinculados a artes escénicas, la danza y el audiovisual».