Una de las grandes operaciones antidroga de Álava, sin castigo al invalidarse las escuchas telefónicas

Se cumplen algo más de cuatro años de aquel hallazgo. Representó la tercera mayor aprehensión de maría en la historia de Álava. Y dio pie a un operativo conjunto con la Guardia Civil saldado meses después con el desmantelamiento de un presunto grupo delictivo ubicado en Vitoria. Esta banda movía marihuana, cannabis y ketamina en cantidades industriales. Hubo una docena de detenidos. Diez hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 26 y los 60 años. Los agentes requisaron balanzas de precisión y otros útiles comprometedores, así como droga suficiente a la mayoría de los arrestados como para imputarles de manera individual. Se movían en coches de alta gama. Tenían un comercio señalado como supuesto punto de venta de droga. Y se comunicaban para llevar su negocio con teléfonos móviles que fueron pinchados.

Un defecto de forma

Hace unas semanas, este caso fue revisado por la Audiencia Provincial de Álava, el máximo órgano judicial del territorio. La sentencia a la que ha tenido acceso EL CORREO desmonta todo el trabajo policial por un defecto de forma. Según este tribunal, las escuchas telefónicas fueron autorizadas por un juzgado sin contar con los indicios suficientes.

«Debió requerirse un mayor aporte de datos a efectos de autorizar la intervención de los primeros teléfonos. En el primer oficio no se aporta indicio objetivo alguno sobre la posible existencia de una organización entre los tres inicialmente investigados», reza el fallo judicial.

Estos pinchazos permitieron sacar a la luz un activo grupo delictivo. Así lo asume la sentencia. «El hecho de descubrimientos posteriores de actuaciones posiblemente delictivas no subsana la carencia de los datos objetivos iniciales. Habría sido preciso que la Policía detallara sus actuaciones de investigación para poder llegar a la conclusión de que las indagaciones no podían avanzar sin las intervenciones telefónicas».

De esta forma, salvo el hombre que alquiló el pabellón donde fue hallada la plantación, el resto ha quedado libre y sin cargos. La droga será destruida. La Fiscalía de Álava ha recurrido el fallo al Tribunal Supremo.