La asociación de locales afectados por obras de cota cero exige cambiar la ordenanza

La asociación de locales afectados por obras de cota cero exige cambiar la ordenanza

ALACI alude a la reciente sentencia del Supremo que exime al propietario de un local de pagar por la renovación de un ascensor en su edificio

JUDITH ROMERO

Las entradas con escalinatas eran consideradas señoriales por los cánones arquitectónicos anteriores a los sesenta. No obstante, los nuevos tiempos y los esfuerzos por suprimir barreras y facilitar la accesibilidad han derivado en opciones como la instalación de ascensores a cota cero. Un procedimiento costoso que levanta ampollas entre los residentes en pisos superiores y los propietarios de los locales situados en los bajos.

Los problemas comienzan cuando los inquilinos exigen a los comerciantes u hosteleros abonar una parte del coste de la obra conforme a su cuota de participación en la comunidad. En los últimos tiempos los tribunales han dado la razón a los residentes, pero una nueva sentencia del Supremo exime al dueño de un local de pagar por bajar un ascensor ya existente a cota cero. Apunta a que si los estatutos de la comunidad no indican que debe hacerse cargo de los costes de mantenimiento de forma continuada, tampoco debe contribuir a una hipotética reforma.

Los perjudicados por esta polémica ven en esta resolución un nuevo marco de referencia para poner fin a los conflictos vecinales. «Hay quienes se han resignado a pagar por un ascensor que no utilizarán jamás, pero nuestro censo aún recoge a más de 400 propietarios afectados en Vitoria», explica Ángel Lamelas, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vitoria y Álava (FAVA).

Algunas de estas personas comenzaron a reunirse para debatir posibles soluciones hace cinco años. En 2014 constituyeron la Asociación de Locales Afectados por Cánones Injustos (ALACI), y el pasado jueves emitieron un comunicado en el que instan al Ayuntamiento de Vitoria a modificar la ordenanza vigente con el fin de «delimitar lo que son obras básicas de accesibilidad frente a renovaciones globales».

Los afectados defienden que, aunque no ven ningún inconveniente en contribuir a garantizar las necesidades de movilidad básicas de sus vecinos, esta situación no debe utilizarse como un pretexto para «actualizar la decoración de los portales». «Algunos de los vitorianos que han tenido que poner en venta sus negocios para hacer frente a estos perjuicios económicos han sido testigos de cómo la comunidad realizaba las obras con materiales de lujo», señalan desde FAVA.

«Renovaciones encubiertas»

Jose Luis Gómez, portavoz de la plataforma ALACI, alega que algunos propietarios «aprovechan para ampliar el presupuesto de la obra por decisiones estéticas como construir un nuevo ascensor interior en vez de, por ejemplo, instalarlo en la fachada del edificio». Es por ello que demandan que la modificación de la ordenanza recoja los criterios de la sentencia y establezca una diferencia entre lo que el colectivo denomina «vecinos residentes y no residentes».

Durante los últimos meses, ALACI ha mantenido diversas reuniones con representantes de la Corporación para abordar este proceso, pero los propietarios denuncian que los trámites llevan paralizados desde hace un año mientras continúan haciendo frente a los pagos. «En la zona de Arana existe el caso de una lonja a la que reclaman 40.000 euros, pero es que además los dueños de los pisos son reacios a compartir las llaves del portal con los comerciantes», explica el portavoz.

Por su parte, desde el Ayuntamiento sostienen que estudiarán la sentencia, que concluye que los vecinos que hasta entonces no se habían hecho cargo de los costes del ascensor tampoco deberían sufragar la nueva obra, para comprobar si afecta de alguna manera a la ordenanza vigente. «Esperemos avanzar de igual forma con los casos en los que el elevador se instala en un edificio que hasta entonces no contaba con este servicio», desea Gómez.

 

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