El Tribunal de Cuentas no estudiará el recurso del 'caso San Antonio' hasta 2017

Fuentes conocedoras del funcionamiento del Tribunal explican que se tarda aproximadamente once meses entre la sentencia inicial y el posterior estudio de los recursos. Así, habrán pasado diez años entre el arrendamiento y la siguiente sentencia. Porque, entre otras cosas, hay que constituir una terna de magistrados para que estudie los escritos presentados por PP y, por otra parte, PNV y PSE. Por norma general, entre esos tres consejeros de cuentas como se les llama de forma técnica no se encontrará la jurista que en mayo dictó la sentencia, María Antonia Lozano Álvarez, cuya independencia pusieron en duda los populares por haber sido nombrada a petición del ex coordinador federal de IU, Cayo Lara.

En su sustitución, eso sí, podría incluirse algún otro componente del órgano fiscalizador, entre los que se incluye Margarita Mariscal de Gante, antigua ministra de Justicia; Lluis Armet, teniente de alcalde de Barcelona con el PSC, y Manuel Aznar López, hermano mayor del expresidente del Gobierno.

«Aparente perjuicio»

La sentencia consideró que el Gabinete Alonso no tuvo en cuenta un informe elaborado por la Unidad Técnica de Valoración del Departamento municipal de Urbanismo previo al acuerdo con Antón. Los técnicos del Consistorio calcularon una renta máxima mensual de 10.168 euros por el alquiler, pero en cambio se suscribió con el expresidente del Deportivo Alavés una de 12.000 euros más la actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC), además de una cláusula de blindaje por 20 años. Diferencias en «aparente perjuicio de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento» que, «o se sustentan en justificaciones suficientes y adecuadas o constituyen un alcance en los fondos públicos», según apunta el dictamen, que además les reclama 2.400 euros por el «abono injustificado de los gastos de comunidad» que la magistrada considera que tenía que sufragar el arrendador.

Lozano Álvarez sostiene que se establecieron estipulaciones que permitieron que la sociedad Sbayre, propiedad de Antón, consiguiera una rentabilidad «lo más parecida a la que pretendió en su primera oferta» (más de seis millones) antes de la negociación con Alonso.