Alonso y Maroto, "responsables" del contrato de alquiler de San Antonio, que fue "contrario al interés público"

La comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Vitoria considera que el exalcalde Alfonso Alonso y el actual regidor, Javier Maroto, ambos del PP, tuvieron una "responsabilidad directa" en el contrato de alquiler de un local excesivamente caro firmado en 2007, que fue "claramente contrario al interés público". Así se recoge en las conclusiones previas de esta comisión, dadas a conocer este viernes, y a las que los grupos presentarán enmiendas que serán votadas en una nueva reunión que se celebrará el próximo jueves. De ella, saldrá el dictamen definitivo que será votado en pleno.

Esta comisión ha investigado el alquiler de unos locales en la calle San Antonio de la capital alavesa, que sigue en vigor tras una renegociación por parte de Javier Maroto, y que supondrá un desembolso al Ayuntamiento de entre 6 y 7 millones de euros, más del doble de lo que costó el local.

"Trato de favor"

Las conclusiones provisionales destacan que en la negociación para este alquiler, el entonces alcalde Alfonso Alonso podría haber dado un "trato de favor" a la empresa propietaria Sabayre S.A. y al dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, ya que no se ha acreditado la necesidad de este alquiler ni se estima conveniente que se hiciera mediante adjudicación directa, en lugar de optar por la libre concurrencia.

La duración del contrato que se amplió de 10 a 20 años a propuesta del Ayuntamiento, el hecho de que no incluyera opción a compra, el precio mensual de 12.500 euros sin IVA con incrementos anuales que alcanzaron hasta 9 puntos por encima del IPC, la asunción por parte del consistorio del coste de las obras de acondicionamiento (1,2 millones) y la "cláusula de blindaje", que sólo benefició al propietario, son algunas de las cuestiones analizadas por la comisión.

"Se concluye que este contrato es absolutamente excepcional", destaca el informe preliminar, que añade que no hay ejemplos anteriores de alquileres similares suscritos por el Ayuntamiento ni por ninguna otra administración. Además pone de relieve que este contrato, "firmado unos pocos meses antes del fin de la legislatura 2003-2007 y que iba a afectar a las siguientes cinco legislaturas, es claramente contrario al interés público".

Renegociación y propuestas

Aunque Javier Maroto renegoció el contrato el pasado mes de noviembre y consiguió rebajar un 30% el alquiler, fijar el precio en el IPC y reducir a 10 los años de vinculación, la comisión entiende que lo hizo al crearse este grupo de investigación y que además se ha mantenido la cláusula de blindaje que obliga al Ayuntamiento a abonar una importante cuantía si quiere rescindir el contrato.

Ante esta situación, los grupos de la oposición han hecho distintas propuestas. Bildu ha solicitado poner el caso en manos de la Fiscalía de Álava y pedir la dimisión "inmediata e irrevocable" de Alfonso Alonso y Javier Maroto por su "clara incapacitación para desempeñar responsabilidades institucionales".

Los socialistas, por su parte, quieren que el alcalde inicie una nueva negociación con el propietario de forma que se elimine la cláusula de blindaje para que el Ayuntamiento pueda decidir si lo rescinde o no, además de exigirle que elabore un protocolo de gestión de bienes inmuebles en el plazo de dos meses para evitar nuevos contratos "abusivos".