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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Álava

JUICIO CONTRA IBARRONDO POR PRESUNTA PREVARICACIÓN EN EL 'CASO ALI'

El fiscal y la acusación particular mantienen lapetición de pena en la última sesión de la vista oral
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La defensa dice que la licencia se aprobó por silencio administrativo antes de llegar al ex edil
El ex teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del PP, Jorge Ibarrondo, se dirige al Palacio de Justicia junto a su abogado, Pedro Luis Elvira. /JESÚS ANDRADE
El juicio que arrancó el miércoles en la Audiencia de Vitoria contra el ex teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del PP, Jorge Ibarrondo, por un presunto delito de prevaricación -consistente en dictar un resolución a sabiendas de que es ilegal- dio ayer un giro inesperado en su última sesión, antes de quedar visto para sentencia. El abogado defensor aseguró que el polémico expediente que el ex político autorizó en 2005 para que una promotora construyera siete chalés en una parcela de Ali donde supuestamente sólo cabían seis -causa por la que está acusado- quedó aprobado meses antes por «silencio administrativo».
El letrado, Pedro Luis Elvira, explicó que en diciembre de 2004 la empresa Salgado Iglesias solicitó al Ayuntamiento la concesión de una licencia para llevar a cabo la promoción. Se trataba de la tercera vez que lo hacía. La primera fue denegada por los técnicos y por el concejal, y el posterior recurso que presentó a esa decisión, también. Según relató el abogado, el Departamento municipal de Urbanismo disponía de un plazo legal de tres meses para pronunciarse a favor o en contra de la nueva solicitud. Sin embargo, afirmó, el 15 de marzo caducó ese plazo sin que hubiera ninguna resolución al respecto, por lo que automáticamente «quedó aprobado por silencio administrativo». Agregó que, diez semanas después, el 1 de junio de ese mismo año, el expediente llegó a la mesa del entonces responsable político del área, que lo firmó. «En este tipo de casos no cabe resolución denegatoria, por lo que Ibarrondo actuó correctamente al autorizar el permiso», enfatizó Elvira.
En su opinión, este dato desmonta por completo las acusaciones de prevaricación que mantienen tanto la Fiscalía como el letrado de la acusación particular, y que sólo representa a EB. El PSE y el PNV, por un lado, se desmarcaron de la misma hace dos años y EA, por otro, hizo lo mismo en la víspera del arranque de la vista oral. «Queda demostrado que no hubo prevaricación porque no pudo haberla, dado que el expediente estaba aprobado antes de que llegara a manos del concejal», recalcó la defensa.
Los hechos que han llevado a Ibarrondo a sentarse en el banquillo de los acusados se remontan a diciembre de 2006. En plena y cruenta lucha política entre la oposición y un equipo de gobierno -presidido por el popular Alfonso Alonso- que encarrilaba la última etapa de su mandato, el único concejal de EA provocó una nueva tempestad. Antxon Belakortu denunció ante los medios que en junio de 2005 el entonces concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, y el director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santa María, dieron luz verde, «en contra de los informes técnicos», a una licencia de obra presentada por la empresa Salgado Iglesias para levantar siete chalés en una parcela de Ali donde la «normativa vigente» sólo permitía hacer seis. Según explicó el edil, el Plan General de Ordenación Urbana fija un máximo de seis viviendas -una menos de las solicitadas y después construidas- para una dimensión inferior a 2.000 metros cuadrados.
De inmediato, el resto de grupos hizo piña en torno a EA y promovió una comisión de investigación en el seno del Ayuntamiento. Meses después, en mayo de 2007, con la conclusión en la mano de que «se había cometido una irregularidad», la oposición llevó el 'caso Ali' ante la Justicia. En octubre de ese año, y tras estudiar la documentación, la Fiscalía decidía denunciar a Ibarrondo al hallar indicios de un supuesto delito de prevaricación.
Técnicos «parciales»
Ayer, en la última sesión del juicio contra el ex político, el Ministerio Público mantuvo la acusación y ratificó la petición de una pena de seis meses de cárcel y de inhabilitación para el cargo de concejal por siete años para Ibarrondo. El abogado de EB también hizo lo propio con la suya, que amplía la solicitud de prisión a doce meses y, la segunda, a ocho años.
Tanto el fiscal como la acusación particular concluyeron que el ex responsable de Urbanismo concedió la licencia para la promoción de Ali «a sabiendas de que era ilegal» porque, sostuvieron, «todos los informes de los técnicos indicaban que el solar medía menos de 2.000 metros y, por tanto, sólo podían edificarse seis chalés y no siete».
En su alegato de defensa, el abogado de Ibarrondo acusó a dos de los testigos que comparecieron en el juicio -el entonces responsable de Edificaciones, Javier Villaverde, y la aparejadora Lourdes Arbona-, de actuar de forma «parcial» en el proceso. Por ello, anunció que estudiará emprender acciones penales contra ellos.
El letrado del Ayuntamiento, por su parte, afirmó que «se ha ido demasiado lejos con esta acusación», de la que, dijo, «no debería haberse abordado desde el punto de vista penal, sino administrativo». «El Plan General de Ordenación Urbana es lo suficientemente flexible como para permitir que en 2.000 metros entren siete chalés», indicó.
El caso está ahora en manos de la jueza al frente del caso. Previsiblemente en unos días o a lo sumo en un par de semanas, sentenciará si Ibarrondo es culpable o inocente.
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