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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Sociedad

ATAQUE AL PATRIMONIO

La Diputación denuncia ante el juez a Eliseo Gil, Rubén Cerdán y Óscar Escribano como presuntos responsables de los delitos de ataque al patrimonio cultural y estafa

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Álava se querella contra los tres 'cerebros' de Veleia
Eliseo Gil, a la derecha, durante su comparecencia en enero en el Parlamento foral. Junto a él, Óscar Escribano, la ex subdirectora Idoia Filloy y Rubén Cerdán.
Hay querella. Cuatro meses después de que una comisión de expertos de diferentes disciplinas dictaminase la falsedad de los hallazgos de Veleia, la Diputación denunció ayer ante el Juzgado de Guardia de Vitoria a las tres personas «que pudieran ser responsables de un presunto delito de ataque al patrimonio cultural alavés».
La diputada foral de Cultura, Lorena López de Lacalle (EA), impulsora de la investigación que ha permitido desmontar la mentira del primer Calvario de la Cristiandad y las primeras palabras comunes del euskera, eludió precisar a quién señala como supuestos 'cerebros' del engaño, entre otros motivos, porque ha solicitado el secreto de sumario. EL CORREO ha podido saber, sin embargo, que se trata del arqueólogo y ex director del yacimiento Eliseo Gil, del geólogo de su equipo, Óscar Escribano, y del coordinador de las analíticas, el supuesto físico nuclear Rubén Cerdán.
La Administración alavesa, propietaria del yacimiento, señala a los dos primeros como posibles responsables del delito de ataque al patrimonio. Pero la querella de la Diputación tiene una segunda vertiente, que es la acusación de estafa contra Gil y Rubén Cerdán. El Ejecutivo PNV-EA-Aralar considera que el engaño fue posible porque se presentaron unos analísis de las piezas falsos y, encima, se facturaron a la Diputación.
Lorena López de Lacalle señaló ayer que la institución foral ha decidido presentar la querella porque «cree oportuno adoptar un papel activo en este asunto, toda vez que se considera especial y directamente perjudicada por lo acontecido». Frente a esta explicación oficial, está la oficiosa. El Gabinete que preside Xabier Agirre ha acudido directamente al juez a poner en marcha un procedimiento penal a la vista de las críticas que ha recibido del fiscal jefe de Vitoria, Josu Izaguirre.
El pasado 5 de diciembre, Lorena López de Lacalle denunció al ministerio público el 'caso Veleia' por si fuera constitutivo de un delito de atentado al patrimonio cultural alavés. Diez días después, Izaguirre pidió nuevos datos para poder investigar.
La semana pasada, el fiscal cuestionó la metodología de la Diputación y aseguró que la investigación avanzaba «a saltos», debido a que la denuncia inicial debería haberse presentado «algo más trabajada y estructurada». Estos comentarios cayeron como un jarro de agua fría en el Palacio de la Provincia, hasta el punto de que el propio diputado general, Xabier Agirre, replicó que «aquí trabajamos con toda seriedad e imagino que el fiscal también. El 19 de diciembre le entregamos todo lo que teníamos y después, lo que hemos ido detectando». El desenlace de este rifirrafe ha sido la presentación de la querella. Pese a que la Fiscalía tenía aún de plazo hasta mayo para investigar, la institución foral ha decidido acudir directamente al juez.
Ayudas millonarias a dedo
Cuatro meses después de estallar el nuevo gran escándalo arqueológico alavés, tras el fiasco de las falsas pinturas rupestres de Zubialde, la Diputación abre una nueva vía judicial con la esperanza de desenmascarar a los autores de los falsos dibujos de temática cristiana datados en el siglo III y de las inscripciones en euskera, fechadas entre el IV y el VI.
Este deseo tiene una doble justificación. Desde un punto de vista cultural, Iruña-Veleia es el principal yacimiento del País Vasco. A partir de un planteamiento económico, este milenario asentamiento situado junto a la calzada Astorga-Burdeos se ha 'tragado' millones de euros en ayudas concedidas a dedo, sin concurso público. Así, la sociedad EuskoTren, dependiente del Gobierno vasco, ha financiado a la empresa Lurmen SL con casi 2,9 millones de euros entre 2001 y julio de 2008. El Departamento vasco de Cultura le concedió 218.433 euros, que el Ayuntamiento de Iruña de Oca complementó con 38.547 euros más. Esta última cantidad fue finalmente asumida por la Diputación, según el alcalde de la localidad, el socialista Javier Martínez.
Gracias a una petición del PSE alavés, en 2007 el Ministerio de Cultura otorgó 300.000 euros al yacimiento a través de una ayuda al Ayuntamiento de Iruña. De esta cantidad, 200.000 euros fueron directamente a parar a Lurmen para estudiar la muralla. Los 100.000 correspondientes al año 2008 están retenidos. A estas cantidades hay que añadir los 5.817 euros que la Diputación pagó, en 2006, a la empresa de Eliseo Gil en concepto de «análisis de grafitos». Estos estudios están en entredicho porque las analíticas atribuidas a un laboratorio francés no existen y numerosos gráficos son copia de un un manual de instrucciones de un programa informático.
Al margen de la vía judicial, la Diputación sigue adelante con su expediente administrativo contra Lurmen, empresa a la que ha revocado la licencia de ocupación y excavación del yacimiento. La sanción máxima prevista en la legislación vasca por prácticas negligentes es de 150.000 euros.
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