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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Política

Juicio por las conversaciones con Batasuna

La absolución o condena de los ocho imputados dependerá en buena medida de lo que ocurra entre mañana y el jueves en el Tribunal Superior

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Ibarretxe y López, ante su semana decisiva
El futuro judicial de Juan José Ibarretxe y Patxi López se dirimirá en buena medida a partir de mañana. El juicio que se sigue contra el lehendakari y el líder de la oposición vasca afronta su semana crucial, la que decidirá si la causa transita hacia la absolución o la condena. El calendario fijado para la vista oral reserva desde mañana al jueves los testimonios de los principales protagonistas de todo el procedimiento penal, desde los ochos imputados hasta testigos como los presidentes de PNV y EA, Iñigo Urkullu y Unai Ziarreta, los consejeros Miren Azkarate y Javier Madrazo y los dos últimos jefes del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar -que testificarán por escrito-.
Siempre a partir de una premisa: que los tres magistrados que dirigen la vista oral anuncien mañana a las 9.30 horas que siguen adelante con el proceso y que atienden la solicitud de Ibarretxe de continuar «hasta el final» con la causa. Todo apunta a que la sala presidida por Manuel Díaz de Rábago y completada por Juan Carlos Benito-Butrón y Antón Subinas tomará este camino, rechazará las cuestiones previas planteadas por acusaciones y defensas y apostará por completar las dos semanas de juicio. Así lo cree buena parte de la judicatura vasca que entiende como «poco probable» el sobreseimiento.
Los magistrados que dirigen la vista oral han mantenido, no obstante, un concienzudo debate sobre los argumentos que unos y otros desbrozaron en la sesión inaugural del jueves, centrados principalmente en el papel de la acusación popular y en si está legitimada para llevar al banquillo de los acusados a cargos institucionales. El análisis de las cuestiones previas obligó a los jueces encargados del caso a reunirse hasta el viernes por la tarde para analizar todos los planteamientos. Subinas es el encargado de dar forma durante el fin de semana a los razonamiento jurídicos que utilizará el tribunal en la jornada de mañana.
«Feo gesto»
Si desde ciertos sectores judiciales vascos se ha abogado desde un principio por reclamar el archivo de la causa al entender que «nunca» hubo indicios delictivos en las reuniones que el lehendakari y el secretario general del PSE celebraron con la izquierda abertzale, la posibilidad de que ahora la sala enjuiciadora diera carpetazo al procedimiento penal es interpretada como un «feo gesto» hacia los tres magistrados que han avalado desde 2006 la necesidad de celebrar un juicio. «No quedarían en buen lugar», sostienen fuentes del Tribunal Superior en alusión al presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, y sus compañeros Antonio García y Roberto Saiz.
Además, la terna presidida por Díaz de Rábago se expondría, de sobreseer el caso, a que el Supremo -nadie duda de que el procedimiento acabará en ese Tribunal- les ordenara dentro de unos meses volver a repetir el juicio y entrar en el fondo de la cuestión. Una situación que, de producirse, les dejaría a ellos en un mal lugar. Como espejo en el que mirarse tendrían lo sucedido con el 'caso Atutxa'. La Sala de lo Penal del alto tribunal español ordenó a los tres magistrados del Superior vasco volver a dictar sentencia después de que en un primer fallo evitaran analizar el fondo de la cuestión.
Sobre la decisión que vayan a tomar tendrá también vital importancia el giro de estrategia de la defensa del lehendakari. La petición del letrado del Gobierno vasco Mikel Casas de continuar con el juicio y de intentar obtener una sentencia absolutoria empuja a los jueces a seguir hacia adelante. De interrumpir mañana el procedimiento, el representante de Ibarretxe podría llegar a alegar ante el Supremo que el Superior vasco había vulnerado el artículo 24 de la Constitución, el que establece que «todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales». «Es insólito que un acusado pida la celebración de su juicio, cuando hay posibilidades de que no se celebre. Es una postura que pone en un brete al tribunal porque luego se podría alegar en casación que no se ha atendido la necesidad de Justicia de una de las partes personadas», sostiene un conocido letrado bilbaíno.
Sea como fuere, la sesión de mañana parte con el morbo de escuchar los interrogatorios a Ibarretxe, López, Ares, Otegi y los cuatro dirigentes de la izquierda abertzale encarcelados. Será, sin duda, la jornada de mayor expectación de cuantas hay preparadas hasta el jueves 22. Defensas y acusaciones mantendrán, en principio, unos roles claros. Foro Ermua y Dignidad y Justicia tratarán de obtener por parte de los representantes de Batasuna una confesión de que acudieron a las reuniones de 2006 como dirigentes de la coalición ilegalizada, mientras que buscarán del lehendakari y de los parlamentarios socialistas que reco- nozcan que se entrevistaron con Batasuna y no sólo con miembros de la izquierda abertzale.
Las defensas y la Fiscalía, por su parte, dirigirán sus intervenciones a poner de manifiesto que todos aquellos encuentros estuvieron encaminados a lograr un escenario de paz en Euskadi, que no había orden expresa que los prohibiera -en el caso de los socialistas argumentarán que, al contrario, el juez Baltasar Garzón había autorizado la suya- y que los representantes radicales actuaron no como colectivo sino como ciudadanos con unos derechos constitucionales «inalienables».
Hacia la absolución
Y en este punto, en el Tribunal Superior ha aumentado el número de quienes consideran que el proceso camina hacia la absolución de los ocho imputados. Fuentes judiciales de toda solvencia sostienen que la posición que adoptó la abogada Jone Goirizelaia en la primera jornada del juicio resultó «clarificadora». Aludieron con ese calificativo a uno de los pocos momentos tensos de la sesión, aquel en el que la letrada de Otegi respondió al Foro Ermua que no participa en la vista oral «como abogada de Batasuna» sino como representante de miembros de la izquierda abertzale, ideología, que según su planteamiento, no puede ser proscrita.
La posición que esta parte pudiera adoptar durante el juicio constituía para ciertos sectores judiciales una de las claves del procedimiento penal. Si esos cinco procesados reconocen abiertamente que se entrevistaron con Ibarretxe y López como dirigentes de Batasuna, formación que tiene prohibida cualquier actividad desde 2003 por orden del Supremo, al tribunal enjuiciador le quedaría «poco margen» para no condenar a todos los acusados. Al mantener que forman parte de la izquierda abertzale, las acusaciones populares deberán hacer esfuerzos para que, con toda nitidez, quede demostrado más allá de indicios razonables que las reuniones durante el alto el fuego de ETA conllevaban la comisión flagrante de un delito.
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