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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Sociedad

Primer dictamen por 'mobbing' en viviendas

Considera que la sentencia condenatoria «ha demostrado que existen mecanismos judiciales» para sancionar el sufrimiento moral de los vecinos

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«El acoso inmobiliario tiene solución»
Los cuatro procesados durante el juicio de la 'casa Tangora' que se celebró en Bilbao el mes pasado. / EL CORREO
El sumario de la 'Casa Tangora' le llegó por reparto cuando estaba destinado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Getxo. Jesús Villegas fue el juez que investigó la denuncia presentada contra el empresario Juan José Rementería, que metió a una familia gitana de treinta miembros en un piso de su propiedad para intentar echar a otros vecinos del inmueble que se negaban a venderle sus viviendas. El edificio, un conocido palacete de Neguri, será recordado en adelante por haber suscitado las primeras condenas por acoso inmobiliario en Euskadi.
Villegas dejó el procedimiento preparado para la vista oral que se celebró en el Juzgado de lo Penal número 2, cuya titular, Elsa Pisonero del Pozo, no sólo acaba de dictar penas de prisión de entre tres y cuatro años para Rementería y para otros tres acusados de etnia gitana. También ha reconocido de forma explícita el daño infligido a la integridad moral de los vecinos, que sufrieron catorce meses de hostigamiento entre 2003 y 2004. Villegas ejerce hoy en la capital vizcaína (Instrucción número 2) y es miembro del Observatorio Vasco sobre el Acoso Moral, un organismo que agrupa a magistrados, fiscales, abogados, inspectores de trabajo, forenses y catedráticos. Todos ellos sostienen que el 'mobbing' laboral, el 'bullying' escolar y el hostigamiento inmobiliario son manifestaciones del mismo fenómeno.
-¿Qué le ha parecido la sentencia?
-Sólo conozco lo que he visto en la prensa. Me produce una gran satisfacción, al margen de que el resultado se incline en un sentido u otro (la resolución será recurrida). Y lo mismo le pasará a la jueza que concluyó la fase de instrucción.
-¿Cuál es la lección que podrían extraer los ciudadanos sobre 'caso Tangora', al menos, de momento?
-Se ha demostrado que existen mecanismos legales para buscar una solución jurídica al acoso inmobiliario. Nadie debe tomarse la Justicia por su mano.
-Es significativo que las condenas no hayan sido por coacciones, sino por daños a la integridad moral, figura reconocida en el artículo 173 del Código Penal.
-Posiblemente es la primera vez que ocurre. Ese artículo ha despertado muchos recelos, incluso lo han llegado a considerar 'ectoplásmico' y 'vaporoso'. Pero la integridad moral es un derecho reconocido en la Constitución. ¿Y por qué no vamos usar el artículo 173 si está en el Código Penal? Lo que dice, en síntesis, es que no se puede humillar a nadie. Si a alguien le rompen una pierna, es su integridad física la que resulta afectada; si le rompen algo en su casa, entonces hablamos de daños... Pero si también hay un sufrimiento moral, eso requiere una sanción aparte.
-Ésa es la tesis del Observatorio Vasco sobre el Acoso Moral.
-Nos satisface que ahora se reconozca sin tapujos. Creemos que ha sido un paso importante. Siempre he defendido que no es necesario hacer nuevas leyes, sino aplicar las que ya existen. La legislación actual es suficiente para proteger a los inquilinos que sufren acoso. Las leyes no están de adorno.
-De todos modos, el sumario de la 'Casa Tangora' no es el tipo de hostigamiento inmobiliario más frecuente en España.
-En realidad responde al patrón norteamericano, aunque allí ya no se dan esas situaciones. Al acoso inmobiliario lo llaman 'block- busting'. Surgió en Estados Unidos durante los años cuarenta y cincuenta, cuando llevaban a personas de raza negra a los barrios blancos de clase acomodada para malbaratar las viviendas y conseguir que los propietarios se marcharan. Se instrumentalizaban los prejuicios raciales. El fenómeno remitió a partir de los setenta, después de que se tomaran medidas para evitar los guetos de minorías étnicas. En 1968 se aprobó la Fair Housing Act, una ley que prohibía que se ofertaran viviendas seleccionando la condición racial de los compradores. En 1974 y 1988 se introdujeron reformas para que tampoco hubiera discriminación por sexo o por minusvalía.
-¿Y dónde se produce el acoso inmobiliario en España?
-En los arrendamientos de rentas bajas que vienen de la época de posguerra. Muchos caseros obligan a personas mayores a marcharse del piso de alquiler a base de coacciones o engaños. En Sevilla y Barcelona hay experiencias increíbles, y los ayuntamientos han tenido que tomar cartas en el asunto.
-Sin embargo, hasta hace bien poco no se ha hablado de penas de cárcel.
-Por inercia se ha pensado que, al tratarse de contratos de arrendamiento, son asuntos de Derecho Civil. Pero si se acredita que ha habido acoso, la vía penal está abierta.
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