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23.08.08 -

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Contra la cadena perpetua
JESÚS FERRERO
C on motivo de la justificada indignación y repugnancia que ha producido la excarcelación de De Juana Chaos (sin duda legal, aunque no por ello deje de causarnos a muchos íntima desazón), ha vuelto a discutirse sobre la conveniencia de recurrir a la cadena perpetua en caso de delitos especialmente atroces o de delincuentes declaradamente remisos a cualquier forma de enmienda. Es uno de esos debates intrínsecamente reaccionarios en el sentido literal del término (siempre expresan una 'reacción' visceral y atávica ante un suceso del presente), similar al felizmente olvidado de la pena de muerte (esperemos que los cariños olímpicos con Pekín no nos contagien ninguna nostalgia del verdugo, allí tan activo). Para alivio de algunos -entre los que desde luego me cuento-, todos los partidos, incluso los más conservadores, han rechazado esta medida punitiva, resistiéndose como es debido a las presiones de los 'hooligans' mediáticos que nunca faltan. Pero los más quisquillosos -entre los que también, ay, tengo que incluirme- no hemos dejado de sentir cierta inquietud al ver que el argumento generalmente utilizado para tal rechazo es la inconstitucionalidad intrínseca de la cadena perpetua... y ningún otro. Porque hay bastante más que decir, moral y políticamente, sobre este asunto.
Para empezar, esto: que puede haber disposiciones legales y sociales que sean constitucionalmente aceptables y que sin embargo resulten indeseables desde una concepción ilustrada y humanista de la convivencia que merece la pena defender parlamentariamente. Ni siquiera basta con decir que tal o cual medida legal es 'antidemocrática', porque hay algunas vigentes en países democráticos que pueden seguir repugnando a la conciencia de muchos ciudadanos demócratas: por ejemplo, la pena de muerte, vigente en Estados Unidos, el mayor -aunque no más inobjetable- sistema democrático del planeta. La democracia es un método y la constitución, un marco estable pero no inamovible: ni una ni otra pueden sustituir el debate político sobre lo que conviene hacer; al contrario, lo suponen y lo exigen. No se trata de que España deba dictar lecciones a los demás países sobre estos temas, pero tampoco hay que resignarse a imitar lo que hagan otros, por mucho pedigrí histórico que tengan. El argumento de autoridad perdió vigencia al finalizar la Edad Media y no parece momento oportuno de resucitarlo, tal como está el mundo...
Y, desde luego, los oportunismos y equivocaciones de algunos gobernantes de izquierdas no nos obligan a abjurar de todos los avances progresistas en materia penal, desde Beccaria hasta hoy. El principal de ellos ha sido abolir los castigos 'irreversibles', como la pena de muerte o la cadena perpetua, porque identifican sin enmienda posible al criminal con su delito y niegan no ya la perfectibilidad moral de la persona que ha delinquido sino su elemental derecho a una segunda oportunidad en la sociedad, tras haber purgado la condena merecida. Esta disposición generosa no se debe a que menospreciemos la gravedad del delito sino a que valoramos al máximo la dignidad del ser humano, presente incluso en quienes de manera más oprobiosa la olvidan y pisotean. Poner un límite al castigo, tan alto como sea debido, indica la voluntad social de no exterminar al semejante, sean cuales fueren sus culpas. Porque ésa es la condición trágica en la que nos movemos: que los peores son sin embargo semejantes de sus víctimas y de todos los demás. Y la libertad que ellos emplean para el mal -por lo cual pueden y deben ser penalizados- es también terrible e inseparablemente hermana de la que nosotros esperamos, con esfuerzo a veces angustioso, utilizar mejor. No puede intentar liquidarse absolutamente la suya sin condenar también de forma inapelable la nuestra.
or supuesto, nada de lo dicho implica adoptar una actitud timorata o resignada frente a las atrocidades que cometen algunos seres humanos. Hay medios legales para combatirlas, sobre todo si se los aplica sin trampas ni oportunismos politicoides. Ahora existe en nuestra legislación un máximo efectivo de cuarenta años de reclusión para los peores delitos y la vigilancia judicial debe impedir que quienes rechazan toda forma de enmienda explícita se beneficien de reducciones automáticas de su condena por cualquier subterfugio. Es un derecho del reo el no arrepentirse de su delito y es una obligación de la sociedad tratarle en consecuencia, negándole cualquier recorte de su condena, cuya aplicación siempre debe ser lo más individualizada que resulte posible. Cuando sea excarcelado, también hay formas de proteger a sus víctimas de su proximidad indeseada y desde luego debe vigilarse con el mayor celo que no realice apología de su crimen o proselitismo para que otros incurran en él. Si por tal causa se siente 'perseguido', deberá resignarse a esa incomodidad: es parte de la reciprocidad social que los demás nos sintamos también 'perseguidos' por su disposición asesina, de la que en uso de su libertad no quiere abjurar. Y si hay que tener pocas contemplaciones con su posible exhibicionismo delictivo, aún menos deberían tenerse con quienes le jalean, le arropan o le ensalzan: lo que más ofende a las víctimas, si no me equivoco, no es la mera presencia en la calle del excarcelado que ha cumplido su pena sino la beligerancia a su favor de quienes pretenden que otros reproduzcan sus fechorías.
En una palabra: las penas que combaten el delito deben tener también una dimensión 'pedagógica', no sólo para el delincuente sino para el resto de la sociedad. Tienen que reforzar y explicar el prestigio de la decencia cívica, que no se basa en la rabia -por humanamente comprensible que sea- sino en la aplicación humanista de la justicia. ¿Alarma social? Sí, es verdad, a veces la aplicación de las leyes por jueces no tan comprensibles como quisiéramos puede llevar a la alarma social. Pero quizá sea el sistema mismo de la administración de justicia, sus métodos y los medios de que dispone los que debieran alarmarnos ante todo. A mí, por ejemplo, me escandaliza mucho más el caso de un inocente que se pasa trece años encarcelado por un error judicial y luego es puesto en libertad sin mayores explicaciones que la revulsiva imagen del indeseable De Juana vagando por el mundo. De modo que no bajemos la guardia ni nos dejemos arrastrar por interesados y vociferantes torbellinos.
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