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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Política

ANTECEDENTES DE LA CONSULTA
El Parlamento rechazó en 1998 una ley de referéndum por «inconstitucional»
Un informe de los servicios jurídicos de la Cámara vasca advertía de que su convocatoria es competencia del Estado

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El Parlamento rechazó en 1998 una ley de referéndum por «inconstitucional»
TRÁMITE. Izaskun y Kontxi Bilbao, tras la reunión de ayer de la Mesa. / IOSU ONANDIA
Un informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento vasco en 1998 señaló que esta institución no tiene capacidad para celebrar «consultas populares» y rechazó tramitar una propuesta en este sentido como proposición de ley -tal y como lo quiere hacer ahora Juan José Ibarretxe- por su «manifiesta inconstitucionalidad». A pesar de este dictamen, la Mesa de la Cámara decidió ayer aceptar las pretensiones del Gobierno vasco para que su iniciativa se tramite como un texto de lectura única, lo que implica que se aborde el próximo día 27 sin enmiendas.
Mas allá del debate político generado alrededor de la 'hoja de ruta' del lehendakari, la posible celebración de una consulta el próximo 25 de octubre va a provocar una potente -y enrevesada- discusión legal. El Gobierno central ya ha confirmado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si el Parlamento autoriza al Ejecutivo autónomo para organizar el referéndum no vinculante. Además, el PP sigue estudiando si impugna ante el mismo TC el pleno de finales de mes.
Mientras tanto, la Mesa dio luz verde ayer a que el proyecto de ley que contiene las preguntas sea debatido en lectura única. Como estaba previsto, lo hizo con los votos a favor de Izaskun Bilbao (PNV), Rafa Larreina (EA) y Kontxi Bilbao (EB), y el rechazo de Isabel Celaá (PSE) y Carmelo Barrio (PP).
Y entre los argumentos presentados por los populares estaba un informe jurídico elaborado por la propia Cámara vasca hace diez años a raíz de una proposición de ley presentada por Manuel Raúl Reyero, de Democracia Foral de Álava, grupo escindido de Unidad Alavesa.
«Independencia»
El parlamentario quería que el Legislativo de Vitoria aprobase una norma para autorizar y regular la celebración de una «consulta popular» en la que se preguntaría a la ciudadanía: «¿Desearía usted ser consultado en referéndum sobre la independencia de Euskadi?». Reyero aseguró ayer a este periódico que, en todo caso, su intención final era «radicalmente opuesta a la que plantea ahora Ibarretxe».
Sin embargo, su propuesta no fue apoyada por la Mesa del Parlamento, compuesta entonces por Joseba Leizaola (PNV), Manuel Huertas (PSE), Carmelo Barrio (PP), Teresa Fernández Barahona (PSE) y Julián Orella (IU). El órgano de gobierno -en el que los nacionalistas eran minoría- rechazó en dos ocasiones tramitarlo como proposición de ley. Uno de los motivos para echarla atrás fue el informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento.
Aquel texto, con fecha del 15 de mayo de 1998, era contundente. Entre otras cuestiones, recordaba que la Constitución indica que quien tiene competencia «exclusiva» para la convocatoria de consultas populares por vía del referéndum es el Estado y que, por tanto, la iniciativa planteada por Reyero pretendía que la Cámara «legisle sobre una materia usurpando competencias».
Asimismo, resaltaba que, según la ley, una «consulta popular» sólo puede organizarse por los ayuntamientos para tratar asuntos «relevantes de índole municipal», dentro de los cuales «se hace dificilmente encajable la independencia de Euskadi». En principio, tampoco entraría dentro de este concepto las cuestiones planteadas por Ibarretxe.
El informe, que no era vinculante, iba más lejos y realizaba una distinción importante entre proposición 'de ley' y 'no de ley'. Las primeras, se matizaba, están destinadas a introducir nuevas normas en el ordenamiento jurídico, por lo que la Mesa debe verificar si lo respeta. «Aunque sólo sea para evitar que una ley del Parlamento esté tan claramente destinada a ser tachada de inconstitucional», apuntaba el texto, en una advertencia que desde la filas populares consideran un claro aviso de lo que sucederá cuando se presente recurso ante el TC. Como conclusión, los letrados pedían que la Mesa no lo admitiese por su «manifiesta inconstitucionalidad».
Por contra, el equipo jurídico sí dejaba la puerta abierta a que fuese una proposición no de ley, ya que éstas tienen mayor «flexibilidad». Así fue. El 16 de junio de 1998, la Mesa la admitió a trámite por esta otra vía para que fuese discutida en pleno. Pero esto nunca sucedió. Cuatro meses después -casualmente, un 25 de octubre- hubo elecciones, se disolvió el periodo de sesiones y la proposición decayó.
Provisto de este argumento, el PP pedirá que la Junta de Portavoces reconsidere la decisión adoptada ayer por la Mesa. Previsiblemente, lo hará el viernes. La semana que viene el tema retornará a la Mesa, que tomará una postura definitiva.
La duda que persiste es si el PP recurrirá su decisión ante el Constitucional. La representante del PSE, Isabel Celaá, anunció ayer que no optará por esta vía, aunque calificó la propuesta del Gobierno vasco de «fraude de ley».
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