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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Política

ENDURECE SU CRITERIO
El fiscal pide imputar por terrorismo a 23 radicales que irrumpieron en el pleno de Llodio
Los procesados fueron denunciados por el PP después de que cinco ediles de esta formación fueran agredidos en 2003 en el Ayuntamiento

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El fiscal pide imputar por terrorismo a 23 radicales que irrumpieron en el pleno de Llodio
INCIDENTES EN 2003. Los parlamentarios del PP Santiago Abascal, a la izquierda, y Carlos Urquijo, en los altercados registrados en el Ayuntamiento de Llodio en 2003. / NURIA GONZÁLEZ
Por primera vez en la historia judicial de Euskadi, la Fiscalía ha solicitado que los desórdenes y agresiones que de manera habitual se registran en la constitución de los ayuntamientos vascos sean tratados como un delito de terrorismo y, por tanto, se juzguen en la Audiencia Nacional y no en el País Vasco. La acusación, que no tiene precedentes, incluye un agravamiento de las penas si se produce una sentencia, al pedir que se aplique la condena más dura por «subvertir el orden constitucional».

La decisión de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava se produce en un momento en el que desde el Gobierno se está aplicando la máxima presión a la izquierda abertzale. En este sentido, el Ministerio Público se ha situado en los últimos meses en la punta de lanza de las actuaciones encaminadas a la suspensión de ANV y EHAK y ha exigido medidas más duras que las que finalmente ha aceptado el Supremo en los casos de ilegalizaciones.

La acusación fiscal es el último eslabón de una larga cadena de decisiones judiciales sobre unos hechos ocurridos hace ya cinco años. El 14 de junio de 2003 se constituyeron los primeros ayuntamientos en los que la izquierda abertzale no se encontraría presente, ya que las listas de EH habían sido ilegalizadas y Batasuna estaba suspendida. En el Ayuntamiento de Llodio, que hasta ese momento había permanecido bajo gobierno del ex miembro de la mesa nacional Pablo Gorostiaga, se produjeron graves incidentes. La sala de plenos fue ocupada por simpatizantes de la izquierda abertzale antes de que se iniciara el proceso para transferir el poder al peneuvista Jon Karla Menoyo. Cuando llegaron los miembros del PP, los radicales comenzaron a agredirles y a escupirles.

Pese a que los ediles populares -Santiago Abascal y Carlos Urquijo- fueron protegidos por sus escoltas y la Policía local -la Ertzaintza no acudió al acto-, los violentos no cejaron en los ataques, por lo que el alcalde entrante decidió constituir el Ayuntamiento a puerta cerrada. Finalizado el trámite, los ediles del PP se negaron a abandonar el Consistorio por un portón trasero y salieron por la puerta principal. En ese momento, los radicales golpearon a Abascal y a Urquijo. Los dos concejales, tres ediles de otros municipios que habían acudido a apoyar a sus compañeros y un militante del PP resultaron lesionados.

A raíz de estos hechos, el Partido Popular presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 2 de Amurrio. Su querella fue archivada en un primer momento al entender que no se había producido ningún delito. Los populares recurrieron entonces ante la Audiencia de Vitoria, donde se ordenó la apertura de una investigación sobre los hechos. El tribunal destacó que no se podía archivar una denuncia sin que existiera una investigación previa y precisó que, en este caso concreto, sí existían indicios de un delito.

En 2005, dos años después de los incidentes, el juzgado de Amurrio comenzó a investigar los hechos y a llamar a declarar a los imputados. En las pesquisas se revisaron los vídeos grabados durante los incidentes, en los que se reconoce a diversas personas mientras atacan a los cargos públicos. Un año después, en 2006, la entonces titular del juzgado procesó a 23 personas. A quince de ellas les atribuyó un delito de atentado en concurso con los delitos de lesiones y dos faltas de lesiones y les acusó de desórdenes públicos. Contra ocho de los investigados sólo vertió esta última imputación. El delito de atentado está castigado con penas de uno a tres años de prisión, mientras que el de desórdenes públicos conlleva una sanción de tres a seis meses.

Banda armada

Tras esta decisión, cuando sólo restaba la acusación de las Fiscalía y de las partes, la defensa solicitó el archivo de la causa, lo que obligó a que se volviera a revisar el proceso. En septiembre de 2007, la Fiscalía de Álava solicitó que el caso se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. La juez de Amurrio pidió a la acusación pública que se reafirmara en su postura. En un informe del 1 de febrero de 2008, la Fiscalía insiste en su postura y solicita que a los 23 imputados se les aplique el artículo 577 del Código Penal: encuadrado dentro del apartado de terrorismo, establece un agravamiento de las penas para aquellos que «sin pertenecer a banda armada y con el fin de subvertir el orden constitucional» cometieran, entre otros delitos, lesiones o coacciones.

Para el denunciante en la causa, el popular Santiago Abascal, la acusación de terrorismo «supone una gran satisfacción. Está acorde con las agresiones a autoridades y la suspensión de un pleno por los violentos». El parlamentario, no obstante, mostró su extrañeza porque el caso no haya sido juzgado cinco años después de los incidentes y «todavía se discuta en qué instancia debe verse».

o.b.otalora@diario-elcorreo.com
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