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Usuarios de pisos sociales de alquiler denuncian las «elevadas rentas»
200 vitorianos crean una asociación, que critica que «el propio sistema genera importantes bolsas de fraude»
05.12.07 -

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Usuarios de pisos sociales de alquiler denuncian las «elevadas rentas»
CUENTAS. Dos inquilinos hacen números. / J. ANDRADE
«No podemos ahorrar, a pesar de que vivimos en un piso social de de alquiler». Así de rotundo se muestra Adolfo Gago, presidente de Auve, una asociación recién creada y que aglutina ya a 200 inquilinos vitorianos de Alokabide, la sociedad del departamento vasco de Vivienda que gestiona las casas en régimen de arrendamiento. Denuncian que las rentas que pagan son «muy elevadas en la mayoría de los casos».

El Gobierno vasco estableció en 2001 un baremo de precios que oscila entre los 200 y 800 euros en función de los ingresos de los ocupantes. Un sistema que, sin embargo, «impide» que los adjudicatarios se beneficien de mejoras en su situación económica. «No vale de nada que en tu empresa te suban el sueldo o tu pareja encuentre un empleo, porque los ingresos extras se los lleva Alokabide», se queja Gago.

Para Auve, que acudirá hoy a la comisión territorial del Parlamento vasco para dar a conocer su postura sobre cómo se gestionan los pisos sociales en alquiler, el problema reside en que las rentas no se fijan por vivienda, sino por los ingresos, cuyo tope máximo se fija en 33.000 euros.

El propio sistema «favorece» así que existan «importantes» bolsas de fraude. «A la gente no le interesa declarar que vive en el piso con su pareja o un amigo». Los inquilinos critican, además, que mientra los precios se actualizan con el IPC, los rangos de ingresos no se han modificado «desde 2001».

El IBI y reformas

Tampoco ven con buenos ojos que tengan que hacer frente a impuestos como el IBI, a pesar de no ser los propietarios de los pisos. «Si se suman gastos de comunidad, tasas y la calefacción central resulta que la renta real se incrementa en más de 100 euros», critican.

A todo ello, se suman los «habituales desperfectos que presentan las viviendas de promoción pública». Pero con un problema añadido. Al carecer de la titularidad de las casas, deben esperar a que Alokabide se haga cargo de los mismos. Pero la entidad tarda «más de tres meses» en arreglar «simples» fallos como puertas de garaje que no funcionan o picaportes estropeados.
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