Saltar Menú de navegación
Hemeroteca |
ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Local

Estás en: El Correo Digital > Local
ÁLAVA
La Fiscalía denuncia al ex concejal Ibarrondo y a Santa María por prevaricación urbanística
El fiscal jefe remite al juez los indicios de delito que ve en la actuación del ex edil del PP y su 'número dos' en el caso de los chalés de Ali e Ibaiondo
20.10.07 -
Vota
0 votos

Cerrar Envía la noticia

Rellena los siguientes campos para enviar esta información a otras personas.

Nombre Email remitente
Para Email destinatario
Borrar    Enviar

Cerrar Rectificar la noticia

Rellene todos los campos con sus datos.

Nombre* Email*
* campo obligatorioBorrar    Enviar
La Fiscalía denuncia al ex concejal Ibarrondo y a Santa María por prevaricación urbanística
Antón Sáenz de Santa María y Jorge Ibarrondo, en una comisión en la pasada legislatura. / IOSU ONANDIA
Prevaricación urbanística. La tormenta política que salpicó al anterior gobierno del PP de Vitoria en el tramo final de su mandato por los controvertidos chalés de Ali e Ibaiondo tiene desde ayer derivaciones judiciales. Según ha podido saber EL CORREO, la Fiscalía de la Audiencia, tras examinar durante cinco meses -a petición de PNV, PSE, EB y EA- las conclusiones de la comisión municipal de investigación sobre ambos casos, ha decidido denunciar ante el juez al ex teniente de alcalde y ex concejal de Urbanismo Jorge Ibarrondo, y al que fue su director en ese área, Antón Sáenz de Santa María. A su juicio, existen indicios de prevaricación urbanística en su actuación en las dos promociones. Además, Josu Izaguirre cree que a este último podría atribuírsele también un delito de falsedad documental.

En Ibaiondo, el Consistorio popular permitió a una promotora cobrar un sobreprecio por unos chalés tasados que el ministerio público juzga ilegal. En Ali, autorizó a otra constructora a levantar siete casas en lugar de las seis que, por el tamaño del solar, permite la legislación vigente.

La primera de las dos polémicas saltó a la luz en agosto de 2006. Los adjudicatarios de veinticuatro chalés bioclimáticos en el barrio de Ibaiondo acusaron a la promotora, Opacua, de cobrarles 54.000 euros más del precio fijado por el Ayuntamiento por cada casa. ¿La razón esgrimida por la constructora? Las singulares dotaciones ecológicas de los unifamiliares, tales como placas solares, dispositivos de aprovechamiento de las aguas pluviales y otros elementos destinados a reducir el consumo energético.

El coste final de las viviendas, sin embargo, había sido fijado cuatro años antes por el pleno del Consistorio de la capital: unos 250.000 euros, el resultado de aumentar en un 75% el coste de un piso de protección oficial «dadas las medidas medioambientales previstas en los chalés», explicitaba el texto aprobado por la Corporación.

Pese a ello, el 18 de julio de 2003, Opacua se dirigió por escrito al Departamento municipal de Urbanismo, entonces dirigido por el concejal popular Jorge Ibarrondo, para preguntarle por el precio que debía cobrar a los adjudicatarios de las casas, que habían sido determinados por sorteo. La contestación la firmó apenas cuatro días después, en una controvertida 'nota informativa', el director del área, Antón Sáenz de Santa María, antiguo dirigente e ideólogo de la desaparecida Unidad Alavesa. Según su interpretación, en el precio estipulado en la resolución plenaria no se contemplaba el coste de los equipamientos ecológicos, por lo que la firma podía repercutir 54.000 euros más por casa, con lo que su precio final quedaba en 304.000 euros.

Lectura falsa e interesada

Esta decisión fue duramente contestada por el Ararteko, el Síndico y la Secretaría municipal -el órgano jurídico de mayor rango del Ayuntamiento-. En sendos informes, todos ellos censuraron al Gabinete de Alfonso Alonso «por permitir un sobrecosto indebido para los adjudicatarios y un enriquecimiento injusto para la promotora».

Ahora el fiscal jefe, tras examinar la documentación que pusieron en sus manos los partidos de la oposición el 3 de mayo, se alinea también con esta tesis y ve indicios sólidos de prevaricación en la actuación de Ibarrondo y Sáenz de Santa María, y de un delito de falsedad documental en este último. El ministerio público considera que la 'nota informativa' del director de Urbanismo no sólo contradice de manera flagrante lo acordado por el pleno municipal -que fijó el precio de los chalés teniendo ya en cuenta su carácter bioclimático-, sino que entiende que hace una lectura falsa e interesada del mismo.

Josu Izaguirre estima que al permitírsele cobrar ese sobreprecio ilegal la promotora, Opacua, obtuvo un beneficio extra totalmente injustificado. Y es que la constructora logró la adjudicación por menos de 1,8 millones de euros y sus ganancias con la operación bordean los 1,3 millones de euros.

Los propietarios de los chalés solicitaron en enero al Ayuntamiento que se les devuelva el dinero que tuvieron que pagar de más. Hace poco más de un mes, el nuevo alcalde, el socialista Patxi Lazcoz, anunció que «si no hallamos un subterfugio legal para conseguir que Opacua devuelva el dinero, el Consistorio asumirá la responsabilidad».

Cambio de criterio

En puertas de la Navidad de 2006, a sólo cinco meses de las elecciones, cuando el enfrentamiento entre el Gabinete Alonso y la oposición por el caso anterior estaba al rojo vivo, EA destapó el segundo escándalo urbanístico. El único edil de esta formación, Antxon Belakortu, acusó a Ibarrondo y a Sáenz de Santa María de haber autorizado en junio de 2005, en contra de todos los informes técnicos, la construcción de siete chalés en una parcela del pueblo de Ali en donde sólo se podían levantar seis.

Según Belakortu, la empresa Salgado Iglesias pidió en dos ocasiones -en julio de 2003 y en diciembre de 2004- autorización al Ayuntamiento para hacer las siete casas. En ambas ocasiones le fue denegada la licencia porque, según los técnicos, el Plan General de Ordenación Urbana fija un máximo de seis viviendas -una menos de las solicitadas- cuando el solar no llega a los 2.000 metros cuadrados, como era el caso.

Pese a ello, la promotora volvió a la carga una tercera vez. Sin nuevos informes técnicos que dejaran sin efecto los que anteriormente habían llevado a Ibarrondo a rechazar la autorización, el director de Urbanismo concede el permiso con la resolución previa, a favor del plan, firmada por el concejal. El edil de EA calculó entonces que, la construcción del séptimo chalé proporcionó a Salgado Iglesias un beneficio extra de unos 250.000 euros.

En su resolución, la Fiscalía no ve ningún motivo que justifique ese cambio de criterio y por tanto entiende que la concesión de la licencia contraviene la legalidad. A su juicio, hubo voluntad de favorecer de manera manifiesta a la promotora. Un comportamiento por el que podría imputarse al antiguo edil popular un delito de prevaricación.

La denuncia del fiscal jefe, Josu Izaguirre, será asignada en breve a un juzgado para que investigue y enjuicie si ve indicios de delito en ambas actuaciones.
Vocento
SarenetRSS