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Componentes del colectivo Stop Desahucios que presentaron el balance de sus actividades de apoyo a afectados de hipotecas./ F. MORQUECHO
Stop Desahucios pide que se establezca un plan integral de atención a familias en riesgo
GUIPÚZCOA

Stop Desahucios pide que se establezca un plan integral de atención a familias en riesgo

El colectivo pide una mayor implicación ciudadana por el empeoramiento de la economía familiar

ALBERTO ECHALUCE

Sábado, 26 de abril 2014, 02:39

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El colectivo Stop Desahucios de Debabarrena ha hecho un balance de su actividad, a lo largo del último año, dando cuenta de la importante ayuda prestada a los afectados por las hipotecas, para acompañarles y asesorarles en la resolución de sus problemáticas.

Un total de 41 casos han recibido Stop Desahucios para su asesoramiento y búsqueda de soluciones, a los que se suman otros 24 casos de titulares de hipotecas afectados por el índice de referencia de préstamos hipotecarios, conocido como IRPH, porcentaje que utilizan las entidades financieras para actualizar las hipotecas con tipos de interés variable. No obstante, los casos que más trabajo han supuesto a Stop Desahucios han sido los relacionados con los siete que han pasado por los juzgados.

De estos siete, tres casos quedaron paralizados con la presentación de demandas contra sus cláusulas abusivas. Otros dos casos estaban sentenciados con el lanzamiento de los titulares de los préstamos, «pero en última instancia se logró un acuerdo». Igualmente, dos casos más habían quedados paralizados, en instancia judicial, «gracias a la negociación y la consecución de acuerdos».

Otros logros han sido las dos daciones en pago, sin alquiler social, en la que se entrega el inmueble, en vez de dinero, para liberarse de la deuda. Otras acciones logradas son tres carencias de pago en plazos de 5 y 4 años, bajo la cobertura del código de buenas prácticas, Euribor más 0,25%.

También se han abordado la eliminación de cuatro cláusulas suelo que impedían a sus titulares de beneficiarse de las bajadas del valor del Euribor, tipo de referencia que se aplica en la mayoría de las hipotecas.

Junto a todo ello, han estado la derivación de casos de «verdadera emergencia» a los Servicios Sociales de los ayuntamientos de la comarca. También, se realiza una labor de acompañamiento y gestión en numerosas instituciones, ayuntamientos, juzgados, bancos, Lanbide, Seguridad Social, Alokabide, o la mediación ante el Gobierno Vasco.

Modificar las leyes

La plataforma Stop Desahucios mantiene que «el problema persiste porque la ley se mantiene en vigor y existe una reiterada denegación de las numerosas peticiones de daciones en pago y quitas solicitadas por hipotecados». En este sentido, desde este colectivo, se solicita «la modificación de la ley porque cualquier familia se ve abocada a una situación de desahucio, porque esta crisis hará el resto».

Pese a ello, la plataforma valoraba «positivamente» la resolución de los casos, como la racionalización de numerosos contratos consiguiendo que «la situación para las familias fuese más llevadera, a pesar que el problema persiste, aspecto que no resuelve el problema, al final», pero sí se había logrado la suspensión de la ejecución hipotecaria en varios casos, «a la vista de las numerosas cláusulas abusivas» existentes en el contrato hipotecario, así como toda una «muy dura y variedad» de circunstancias ocurridas entre sus titulares.

Con las instituciones

Por otro lado, Stop Desahucios valoró como «muy positivo» la intervención de todos los ayuntamientos de la comarca, en la búsqueda de soluciones a los afectados por las hipotecas. «Este es el caso del Consistorio de Eibar que comunicó a las entidades bancarias que dependiendo del comportamiento esto podría afectar a la relación que el municipio iba a tener en un futuro», al tiempo que medió también, a petición de Stop Desahucios, «ejerciendo presión para lograr la dación en pago».

Desde este colectivo se pidió el establecimiento de un Plan Integral de atención a familias en riesgo, encaminado a dotar de recursos económicos de apoyo a las familias. Mediante este plan se apoya, con recursos económicos, a las familias en riesgo de desahucio y se dispone de una serie de viviendas municipales y privadas, para asegurar un cobijo, en este tipo de situaciones. «Se ha establecido una relación muy positiva con todos los ayuntamiento y vemos receptividad, incluso, en directores de sucursales», aseguran desde el colectivo.

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