Más que crear empleo

El desbloqueo por parte del Gobierno vasco de la partida de 16 millones de euros -quedan pendientes otros cuatro más- para que 49 ayuntamientos puedan promover la contratación de 2.500 parados abre una puerta para el desahogo laboral en municipios especialmente castigados por la crisis, en un contexto en el que Euskadi atisba la recuperación económica pero sin que sus síntomas se aprecien aún en la imprescindible reanimación del empleo. Son precisamente la duración y dureza del ciclo recesivo las que hacen poco comprensible que las administraciones públicas ralenticen o pospongan las medidas previstas para tratar de estimular la creación de puestos de trabajo. La dilación del Ejecutivo en activar este plan, más allá de las dificultades administrativas que haya comportado, ha supuesto un tiempo baldío, dado que los objetivos de la iniciativa estaban tasados y eran conocidos y teniendo en cuenta las urgencias que aún pesan sobre el escenario económico. De hecho, la propia concepción del plan tiene más que ver con la necesidad de responder a las demandas perentorias de un tiempo de apreturas que a la preparación del terreno para revitalizar con garantías el mercado laboral. Es tan necesario como congruente con la defensa de un modelo de bienestar cohesionado e integrador que se fomenten estrategias públicas destinadas -como en este caso- a favorecer el trabajo para colectivos singularmente vulnerables: conviene no olvidar que aunque Euskadi sigue presentando unas tasas de paro contenidas con respecto a la media española, las listas del desempleo suman ya a más de 90.000 parados de larga duración, mientras que los jóvenes sin ocupación remunerada rondan el 37%. Los 2.500 contratos que formalizarán los ayuntamientos deben cumplir, cuando menos, el objetivo de paliar la desesperanza, mitigar las nuevas desigualdades y frenar descuelgues que podrían cronificarse en un mercado laboral extenuado. Pero junto a estos retos inmediatos, ni este ni otros proyectos alentados desde las instituciones pueden soslayar que los recursos comunes invertidos en la obligada estimulación del empleo no pueden quedarse en una mera subvención para la contratación puntual y temporal. Porque el desafío último es crear pero también consolidar los trabajos generados a cargo de los presupuestos públicos.