La demora en la firma de la matriz aumenta el malestar entre la plantilla de Montefibre

La espera y, por tanto, la incertidumbre se alarga una semana más. Siguen sin llegar noticias de Italia. La matriz aún no ha puesto su firma en el contrato de venta de Montefibre Hispania así que ayer, tal y como era previsible, no se llevó a cabo la segunda de las reuniones previstas entre el comité de empresa por un lado y el conejero delegado y el administrador concursal por otro, para negociar las condiciones del nuevo ERE, el sexto consecutivo, que comenzaría a aplicarse a partir del 13 de mayo, una vez expirado el que actualmente está en vigor.

De hecho, ni el delegado de la firma ni el abogado del bufete De Pasqual&Marzo se desplazaron desde Barcelona a Miranda. Una decisión que comunicaron el domingo a los representantes de los trabajadores. Y es que estos, ya la semana pasada dejaron claro que no se sentarían a valorar nada hasta que se confirmara la venta. Algo que, todavía no ha ocurrido y para lo que no hay fecha.

Sí que habrá una reunión esta misma semana, mañana, pero será la de la comisión de seguimiento del ERE, del actual expediente de regulación, para comprobar si todo está funcionando bien o se ha detectado algún problema.

De momento, no está previsto que los trabajadores se vuelvan a congregar a las puertas de la instalación de la carretera de Logroño hasta el próximo martes, el 22. Una fecha simbólica para la plantilla porque ese día se apagaron las máquinas y la fábrica dejó de producir. Cumplirá un año parada y todavía no hay plazo para volver a arrancar. «Seguimos a la espera», reconoció el presidente del comité de empresa, Pedro Abellán.

Acta de no acuerdo

Allí volverán a encontrarse de nuevo dos días después, el 24; aunque en esa ocasión también acudirán Rovira y el administrador concursal. Pero que vengan no significa que vaya a haber nada que negociar. Las postura de los representantes de los trabajadores no ha cambiado un ápice, así que si no se confirma la venta no debatirán las condiciones de un nuevo ERE. Eso sí, se sentarían ambas partes alrededor de la misma mesa aunque fuera para «levantar un acta de no acuerdo. Es un paso obligatorio», apuntó.

A partir de ahí, la empresa podrá tramitar de manera unilateral ante el juzgado la solicitud de un nuevo expediente. Sería el primero que no se pide con el visto bueno de los trabajadores que, en este caso, tienen la opción de remitir al tribunal «un informe con las alegaciones pertinentes», para explicar los motivos que les han llevado a no participar en una nueva negociación.

En principio, las condiciones del nuevo ERE no variarán. Se quedarán como estaban porque hace ya cinco meses que no cuentan con ningún complemento y que su salario está compuesto únicamente por la prestación de la administración. Solo en caso de arrancar, algo que no ha ocurrido, hubieran vuelto a recuperar el pago del 100% de las pagas extra y el 50% de las vacaciones.

La intención que tanto administrador como consejero les manifestaron la pasada semana es que abogarían por solicitar una prórroga del expediente de seis meses. El doble que ahora, ya que en el que están inmersos es de tres. Esto les llevaría hasta mediados de noviembre.

Pero esta vez hay una diferencia clara respecto a las anteriores. Y es que antes el titular del juzgado número 5 de lo Mercantil de Barcelona, que gestiona el expediente, pondrá fecha para la celebración de una junta de acreedores. Desde que el tribunal acepta que se empiece a negociarse la quita con aquellos a los que se debe dinero hasta que se fija esa reunión no transcurren más de mes meses.

«Si antes de esa junta no ha habido una firma por parte de la matriz para garantizar la venta, nos da lo mismo que el periodo del ERE sea de seis meses o de diez. Será el juez el que tome una determinación», valoró Abellán, para quien el hecho de que a los jefes de área se les haya pedido que elaboren un informe sobre qué y cuánto tiempo haría falta para poner en marcha la planta no tiene ninguna validez hasta que no se haga efectiva la compra por parte de los inversores interesados en retomar la actividad.

«Nos queda la duda de que se estén dando las órdenes desde Barcelona porque es la intención de la dirección general y que luego la matriz no cumpla con su compromiso de firmar», zanjó.