Campo comunicará a la UTE de limpieza que su contrato no se prorrogará dos años más

La UTE Miranda de Ebro, adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras de la ciudad, no obtendrá la prórroga de dos años que se contemplaba como opción en el contrato suscrito con el Ayuntamiento en 2008. Fernando Campo desveló ayer que esa cláusula no se va a ejecutar; queda descartada. Lo hizo empleando un tono contundente y sin ocultar que su malestar con el trabajo que viene desempeñando la empresa ha alcanzado un nueva cota: «A los ocho años se van y mientras tanto les sancionaremos, pero la prórroga se acabó. Ya está bien con los señores de la UTE».

No es la primera vez que carga directamente contra la adjudicataria. De hecho, el alcalde, en los más de cinco años de vigencia efectiva del acuerdo (se activó el 1 de enero de 2009) ha cuestionado en varias ocasiones la calidad del servicio. La primera, a los ocho meses: «O se pone las pilas o se les va a sancionar por no hacer lo que ofertaron», aseguró el 14 de agosto de aquel primer año de convenio. Entonces hablaba de «deficiencias»; luego insistió en los «incumplimientos». Y, entre medias, una serie de multas, pagos con retraso a los trabajadores; y un defecto formal en las sanciones que llevó a la Administración local a perder uno tras otros los recursos interpuestos por la UTE. Relación tormentosa.

Ayer, durante su comparencia semanal ante los medios de comunicación, el mandatario socialista comenzó advirtiendo que en una reunión que tenía programada para mañana con los responsables de la UTE (originariamente integrada por Urazca y Sufi y, posteriormente, por Valoriza Servicios Medioambientales e Inbisa Servicios y Medioambiente) les iba a trasladar una decisión que «no les va a gustar. Primero se enterarán ellos y luego lo haremos público». Aparentemente, no se pudo contener. A la siguiente pregunta respondió: «La UTE sigue sin corregir alguno de sus comportamientos. Y uno de los temas, que se lo voy a decir así de claro, es que no hay prórroga del contrato».

2,4 millones al año

19,8 millones de euros -a razón de 2,4 millones por ejercicio- es el coste que tiene para la ciudad un convenio que obliga a la limpieza viaria, recogida de residuos (orgánico, papel, envases y vidrio) y de ropa y calzado, limpieza de alcantarillado, desratización y recogida de animales. ¿Áreas de actuación? Núcleo urbano, pedanías, barrios, riberas del Ebro, San Juan del Monte y distintas zonas de expansión de la ciudad.

Con ese documento de base, la empresa aceptó el pasado año más días en la recogida de cartón y papel, mayor limpieza en los colegios y frecuencia en el desborde de contenedores, así como cubrir el polígono de Las Matillas. Para entonces el Ayuntamiento se había visto obligado a paralizar la tramitación de los informes de la consultoría medioambiental Mardesa, contratada para fiscalizar el trabajo de la UTE.

¿El motivo? Algunos fallos detectados no estaban recogidos como obligaciones contractuales. Y así lo habían estimado los tribunales. El primer dictamen judicial obligó a la entidad local a restituir un total de 11.600 euros, que le habían sido deducidos a la compañía por los defectos en su trabajo durante los meses de junio y julio de 2011. Era un aviso. Podrían venir más. Y así ha sido. El pasado martes, la Junta de Gobierno tuvo que aceptar la ejecución de una nueva sentencia contraria a los intereses municipales.

Obliga al reembolso de 3.558 euros por los meses de agosto, setiembre y octubre de 2011; y de otros 2.756 más por los de noviembre y diciembre de 2012. Hasta que se paralizó el proceso de sanción -y se corrigieron los defectos formales detectados en marzo de 2013-, Mardesa había generado informes negativos que sumaban en torno a 30.000 euros desde que comenzó a trabajar (en junio de 2011).

La posibilidad de multar se restableció tras rehacer el contrato. «Se han mandado escritos para seguir sancionando, una vez se modificó el acuerdo, porque hasta que este no se cambió no tenía sentido sancionar en base a algo que no se podía». Las nuevas cuantías estaban ayer pendientes de ser concretadas. «Las desconozco», aseguró Campo que dijo no haber participado en ninguna de las reuniones con la empresa -se refería, se entiende, a las de seguimiento celebradas en los últimos meses y que habría presidido el concejal de Obras y Servicios, Gustavo Modino-. Incidió en que va a «ser muy claro» con los responsables de la UTE Miranda de Ebro en el encuentro de mañana.

En esa línea, quiso subrayar que su decisión de no prorrogar es firme. De hecho, avanza que «lo llevaré a acuerdo de algún órgano del Ayuntamiento». Buscará, en suma, el refrendo de PP e IU. Al fin y al cabo, la vigencia del contrato (quedan tres años) rebasará la actual legislatura.