Los expertos de la reforma fiscal abren la puerta a los copagos en educación y sanidad

El Comité de Expertos designado por el Gobierno para la reforma fiscal propone que las comunidades autónomas utilicen los copagos sobre los servicios públicos como mecanismo de financiación. En el informe del grupo liderado por el catedrático Manuel Lagares se recomienda ampliar la capacidad normativa de las autonomías respecto a la posibilidad de establecer copagos en los servicios públicos, «como la sanidad y la educación, entre otros». Los expertos abogan por incluirlos en el modelo de financiación autonómica, de tal manera que se fijarían unos «mínimos en los copagos de todas las CC AA que sirvan para calcular sus capacidades de generar ingresos, dándoles la posibilidad de que modifiquen los tipos del copago, cuyas consecuencias deberán asumir en exclusiva».

Las autonomías fueron responsables del 30% del gasto público total en España en 2012, un porcentaje mayor que el de la Administración central si se excluye la Seguridad Social. Aunque las comunidades reciben alrededor del 32% de los ingresos impositivos recaudados (excepto Euskadi y Navarra, que tienen régimen propio), sólo tienen capacidad normativa sobre la mitad; es decir, que su autonomía impositiva afecta sólo al 17% de los ingresos tributarios de las administraciones públicas, un porcentaje inferior al de su autonomía en el gasto.

Los expertos destacan que, cuando no existe una relación adecuada entre el gasto que se ejecuta y los ingresos que se deciden, «pueden aparecer incentivos perversos a incrementar el gasto público por parte de las autonomías dado que ese gasto será financiado por todos los ciudadanos del país y no exclusivamente por los pertenecientes al territorio que se beneficia del mismo». Aunque defienden una mayor corresponsabilidad fiscal, también abogan por establecer «reglas fiscales que limiten la capacidad de generación de déficits y de endeudamiento de los gobiernos subcentrales». Estas reglas serían automáticas y de aplicación inmediata e irían acompañadas de sanciones para los incumplidores.

Desgaste político

Sin embargo, a la hora de ampliar la capacidad normativa autonómica, el comité de sabios elegido por el Gobierno no encuentra muchos tributos «óptimos para la descentralización» que no provoquen distorsiones y pérdida de eficiencia económica. Aún así, destaca que «el cobro por el uso de los servicios resulta una vía de financiación eficiente» y se preguntan si este mecanismo «está recibiendo la suficiente atención en España». Los expertos admiten que «no es fácil» que esta vía de financiación proporcione muchos recursos a las comunidades «por la resistencia de los consumidores y el desgaste político de quien los impone».

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, alertaron ayer sobre el espíritu mismo de la reforma tributaria que propone el comité de expertos y aseguraron que pone «en riesgo» la financiación de la Seguridad Social al propugnar una rebaja de las cotizaciones sociales que no haría «más que agravar» los problemas que ya tiene el sistema. La Seguridad Social arrastra un importante déficit que le ha obligado a recurrir al Fondo de Reserva en los últimos años.