El Poder Judicial rechaza la custodia compartida obligada que pretende Gallardón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Rajoy al rechazar que sean los jueces los que impongan la custodia compartida de los hijos a los padres, aunque estos se opongan y sea lo mejor para los menores, tal como viene recogido en el anteproyecto del ley de corresponsabilidad parental en casos de nulidad, separación y divorcio. Esta objeción está plasmada en el informe elaborado por la vocal Margarita Robles y respaldado ayer por el órgano de gobierno de los jueces. El texto que refrendaron ayer es preceptivo, pero no vinculante, es decir, no obliga al Ejecutivo del PP, ni al Parlamento, a modificar su postura, aunque desde luego es un varapalo que puede modificar las intenciones del Gobierno central.

El anteproyecto aprobado el pasado mes de julio a propuesta del ministro Alberto Ruiz Gallardón sobre la custodia compartida obligada permite al juez imponerla sin que ninguno de los progenitores lo haya solicitado. En la actualidad, esta posibilidad únicamente tiene un carácter excepcional, según viene recogido en el Código Civil. A juicio del Poder Judicial, la reforma propuesta por el Ejecutivo puede originar «situaciones problemáticas» que «difícilmente puede revertir en interés de los hijos, ni servir para que los padres puedan desempeñar de mejor manera las funciones inherentes a la guarda y custodia». Por el contrario, como advierte el informe, es previsible que el otorgamiento de oficio de la guarda y custodia compartida en esos casos «agudice las tensiones y controversias» en el seno de la pareja, fricciones que «frecuentemente pueden surgir tras la ruptura de convivencia en aspectos tan transcendentes como la educación, la vigilancia y el cuidado de los hijos».

De esta manera, el órgano de gobierno de los jueces recomienda al Ejecutivo que revise el texto aprobado, porque la concesión de la guarda y custodia conjunta «debería quedar condicionada, como acontece actualmente, a que al menos uno de los progenitores solicite la aplicación de ese régimen».

El documento también cuestiona la incorporación al convenio regulador del denominado 'plan de ejercicio de la patria potestad conjunta', en lo referente a que se establezcan unos criterios para determinar la contribución de cada cónyuge a las cargas familiares y los alimentos (tiempo de permanencia de los hijos con los padres, capacidad económica de estos últimos, atribución de la vivienda familiar, etcétera). A su juicio, fijar unos criterios de antemano «afecta a la autonomía de la voluntad de los intervinientes». Para salvar esa situación, el Poder Judicial propone que debería mantenerse la regulación actual sobre ese aspecto, de manera que los padres puedan pactar lo que estimen pertinente sobre ese particular, salvo que lo acordado fuera perjudicial para los hijos.