Centroáfrica aún puede ir a peor

«La situación en la República Centroafricana está empeorando, si es que cabe esta posibilidad», advierte Jaime Moreno, director del Servicio Jesuita a los Refugiados en el país. Ayer, representantes de las organizaciones humanitarias radicadas en el territorio se manifestaron en la capital, Bangui, para protestar por la detención y muerte de dos trabajadores humanitarios de la ONG Acted. «El pasado viernes, hombres de la coalición gubernamental Séléka los detuvieron, asesinaron y lanzaron los cuerpos a un río», explica.

La destitución del anterior presidente, François Bozize, por la unión de fuerzas rebeldes, fruto de una rápida ofensiva acompañada de saqueos masivos, no ha traído la paz al país. El componente confesional se ha convertido en un factor decisivo para exacerbar las tensiones. «Durante los últimos cinco meses, los milicianos han atacado y robado a los cristianos y vendido el botín a los musulmanes, provocando una enorme tensión entre las comunidades».

La formación de grupos locales de autodefensa ha respondido a este fenómeno y en las últimas semanas se ha producido la destrucción de mezquitas en la región noroccidental y el asesinato de mujeres y niños de esta confesión, actos contestados por sus rivales con la devastación de aldeas no islámicas. «Si no se detiene esta espiral, el país parece abocado a una lucha interreligiosa».

La contraofensiva militar contra el actual Gobierno tiene lugar en las regiones occidentales, a unos 260 kilómetros de la capital. Fuerzas partidarias del antiguo dirigente han penetrado desde Camerún y, al parecer, han hecho causa común con los nuevos guerrilleros y las tropas del general Abdoulaye Miskine, un oficial que quiso incorporarse sin éxito a la alianza Séléka y que ahora intenta desalojarla del poder.

Instituciones católicas

EL CORREO dispone de varios informes que pormenorizan las atrocidades cometidas por los combatientes desde finales del mes de agosto, cuando se recrudecieron los enfrentamientos. Además de cuantificar daños humanos y materiales, los documentos aluden al pillaje y destrucción de las instituciones sanitarias católicas y a la actitud de los milicianos que reclaman un porcentaje de las ayudas destinadas a las víctimas e, incluso, amenazan con atacar a las gentes que han buscado protección en los campamentos si no regresan a sus poblaciones de origen.

El presidente, Michel Djotodia, anunció ayer también la destitución del jefe del Estado Mayor, Jean Pierre Dolle-Waya, y su sustitución por el general Ferdinand Bombayake. El reemplazo es una respuesta a la intensificación de las luchas en Bossangoa, tierra natal de Bozize, y los rumores sobre el aterrizaje de un avión con pertrechos para los insurrectos. «Pero el jefe del Ejecutivo carece de control sobre Séléka y como sus seguidores no reciben paga alguna, siguen violando y robando para sobrevivir».

La catástrofe humanitaria amenaza de nuevo a la República Centroafricana, uno de los Estados más pobres del planeta a pesar de poseer grandes recursos minerales. La población infantil se halla entre los sectores más afectados por la emergencia. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 60% de las escuelas permanecen cerradas, existen 740.000 niños en riesgo de contraer enfermedades infecciosas y unos 3.500 menores se hallan enrolados en los grupos armados.