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El presidente de Pescanova, imputado por un presunto fraude a gran escala

Audiencia Nacional

El presidente de Pescanova, imputado por un presunto fraude a gran escala

La Audiencia Nacional ve indicios de falsificación de cuentas y aprovechamiento de información privilegiada

24.05.13 - 00:36 -
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La Audiencia Nacional acordó ayer imputar al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro y a su mano derecha en la empresa, Alfonso Paz-Andrade, por un presunto fraude a gran escala en la multinacional que, sin embargo, no puede cuantificar aún a la espera de que avance la instrucción y lleguen los informes contables solicitados. De forma indiciaria, el juez Pablo Ruz aprecia ya indicios de que ambos, sin descartar la posible colaboración de otros administradores de la firma, falsearon las cuentas anuales y otro tipo de documentos para dar «una imagen irreal» de su situación económica y patrimonial, «al menos» en el último ejercicio fiscal y en la parte del presente año anterior a que se declarara el concurso de acreedores y se nombrara un administrador judicial (el pasado 25 de abril).

La confirmación de que Pescanova estaba herida casi mortalmente pilló por sorpresa a miles de accionistas, sobre todo a aquellos que habían entrado en la compañía animados por las recomendaciones hechas por distintos analistas entre agosto de 2012 y enero de 2013 que, a su vez, se basaban en el «signo positivo de la información» que iban facilitando los administradores de la empresa. Incluso el propio presidente comentó a varios de ellos al cierre del tercer trimestre del pasado año que habían ganado casi 25 millones en dicho período.

Desplome del 65%

La cruda realidad después revelada por los auditores, aún a cuentagotas y que ya va siendo conocida por la administración concursal, es que al menos durante 2012 y 2013 se fueron inflando ingresos, ocultando gastos y manipulando facturas, todo dentro de una doble contabilidad.

Pescanova se desplomó en Bolsa un 65%, pero esta brutal caída afectó en menor medida a cuatro socios privilegiados: los citados Fernández Sousa-Faro y Paz-Andrade, y el empresario vigués José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas, presidente de un fondo que controlaba el 3,4% del capital.

Los cuatro, «plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la sociedad» -señala el juez-, vendieron distintos paquetes de acciones (hasta 3,5 millones de títulos) entre septiembre de 2012 y febrero de 2013 que, una vez descontado el precio al que las compraron en su día, les permitió evitar unas pérdidas de más de 26,8 millones de euros. Por ello, Pablo Ruz les imputa la presunta comisión de un delito de uso de información privilegiada.

Las últimas informaciones que se desprenden del trabajo de los auditores apuntan a que, en apenas un lustro, la compañía cuadruplicó con creces su deuda, desde los 822 millones con los que cerró 2008 hasta los más de 3.700 millones que arrastraría en la actualidad.

No obstante, Fernández de Sousa niega que exista ese 'agujero' de más de 3.000 millones en la empresa que dirigía antes de que el juzgado la declarara en concurso de acreedores, y sostiene que el valor de Pescanova supera «en mucho a su pasivo», ya que, según afirmó ayer, la marca y las explotaciones acuícolas no están valoradas en libros.

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Manuel Fernández de Sousa.

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